Llega a la redacción de 7 SEGUNDOS la denuncia de María Mejía Cabrera, quien asegura que sus padres, Rafael M. e Isabel C., presuntamente fueron víctimas de una sentencia que califican como injusta. Según relata, fueron condenados a pagar RD$975,000 por un presunto daño mínimo ocasionado a un vehículo, lo que ha puesto en riesgo su estabilidad económica y emocional.
El hecho ocurrió en 2024, cuando el hermano de la denunciante realizaba trabajos de herrería en el apartamento de sus padres. Durante la labor, uno de los portones habría caído desde el segundo nivel y provocado una abolladura en una yipeta del año 2012, propiedad de Jesús F. En principio, asegura que hubo un acuerdo verbal con el dueño del vehículo, pero posteriormente este habría comenzado a exigir el pago total del automóvil.
Los padres de la joven, según su versión, solicitaron una evaluación en un taller mecánico, donde se estimó el costo del daño en 23 mil pesos. Sin embargo, el propietario del vehículo habría rechazado esa cifra y procedido con una demanda judicial.
De acuerdo con la denuncia, el proceso habría estado marcado por irregularidades: se les habría impedido presentar testigos, no se les permitió explicar lo sucedido y se incluyeron declaraciones de personas que, según ellos, no estuvieron presentes en el incidente. Finalmente, el tribunal dictó una condena de RD$975,000, cifra que la familia considera desproporcionada frente al daño real.
De acuerdo con la defensa, nunca se realizó un peritaje técnico y existen contradicciones en los testimonios. Incluso, la familia asegura contar con material en video que demostraría que los daños no eran proporcionales.
Actualmente, los afectados tienen sus cuentas bancarias bloqueadas mediante embargo retentivo y sobreviven con una pensión de apenas RD$10,000 mensuales. La audiencia de apelación está pautada para el 28 de abril, mientras persiste el riesgo de embargo de su vivienda, lo que ha generado gran preocupación en la familia.
Mejía Cabrera sostiene que sus padres nunca habían tenido problemas legales y que esta situación los mantiene en constante angustia, sin poder cubrir sus necesidades básicas ni adquirir sus medicamentos. Además, asegura que su madre habría recibido presuntas amenazas para que entregue el dinero.
En un momento del proceso, los padres contaban con la representación de la abogada Matilde Ogando, quien habría gestionado un acuerdo en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) para resolver el caso con el pago de 20 mil pesos. No obstante, según la denuncia, el demandante desconoció dicho acuerdo y la abogada se habría retirado del caso, dejando a los acusados sin respaldo legal.
La familia solicita que el caso sea revisado y que se garantice un proceso justo, ya que consideran que la sentencia ha sido desproporcionada y los mantiene en una situación de angustia permanente.
