OPINIÓN, ANDRÉS AYBAR BÁEZ, para 7 Segundos Multimedia.- Hay una vieja enseñanza que la política dominicana parece confirmar una y otra vez: mientras el poder está de nuestro lado, pocos se preocupan por los límites del poder. Solo cuando la maquinaria de la persecución comienza a dirigirse hacia nosotros descubrimos el verdadero valor del debido proceso.
Durante décadas, distintos gobiernos, sin importar su color político, tuvieron la oportunidad de modernizar profundamente el Ministerio Público. Sin embargo, cada administración terminó utilizando, con mayor o menor intensidad, las mismas herramientas que había criticado cuando era oposición. Cambiaron los nombres de los perseguidos, pero el método permaneció prácticamente intacto.
Hoy vemos dirigentes políticos cuestionando prácticas que ayer guardaban silencio cuando afectaban a sus adversarios. Y esa es, quizás, la mayor lección que nos deja este momento: los derechos procesales no existen para proteger a una persona específica; existen para proteger a todos los ciudadanos frente al enorme poder del Estado.
Uno de los ejemplos más llamativos es la costumbre de presentar expedientes de acusación de miles y hasta más de doce mil páginas. La cantidad de papel nunca ha sido sinónimo de fortaleza jurídica. Una acusación debe ser clara, precisa y comprensible, permitiendo que el imputado conozca exactamente de qué se le acusa y pueda ejercer eficazmente su defensa.
En sistemas judiciales como el de Estados Unidos hemos visto acusaciones relevantes contra figuras de alto perfil que fueron relativamente breves, demostrando que cuando existen pruebas suficientes no hace falta construir expedientes gigantescos para sostener una acusación. La fortaleza de un caso descansa en la calidad de la evidencia, no en el volumen de documentos.
El verdadero objetivo de una investigación penal debe ser obtener justicia, no producir desgaste. Un proceso judicial no puede convertirse en una pena anticipada mediante años de litigios interminables, medidas desproporcionadas o expedientes inmanejables. La justicia pierde legitimidad cuando parece castigar antes de que exista una sentencia definitiva.
Sería un grave error que quienes hoy denuncian estos problemas olvidaran mañana las lecciones aprendidas si regresan al poder. Precisamente porque han vivido en carne propia las fortalezas y debilidades del sistema, tienen una responsabilidad histórica de impulsar una reforma profunda del Ministerio Público y del proceso penal dominicano.
Esa reforma debería orientarse, entre otros aspectos, a:
Simplificar y hacer más precisos los actos de acusación.
Garantizar investigaciones objetivas y dentro de plazos razonables.
Fortalecer los controles judiciales sobre la actuación del Ministerio Público.
Evitar que el proceso penal se utilice como mecanismo de desgaste político.
Reforzar la protección efectiva del debido proceso y la igualdad de armas entre acusación y defensa.
Promover una cultura institucional donde el éxito no se mida por la cantidad de páginas, de titulares o de imputados, sino por la solidez jurídica de cada caso y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
No se trata de debilitar la lucha contra la corrupción ni de favorecer la impunidad. Todo lo contrario. Una justicia fuerte es aquella que condena cuando existen pruebas suficientes, pero que también respeta las reglas del juego, incluso frente a quienes despiertan menos simpatías.
Las instituciones no se fortalecen cuando persiguen más personas; se fortalecen cuando persiguen mejor los delitos.
Ojalá que quienes hoy conocen desde dentro las consecuencias de un proceso penal comprendan que esta es una oportunidad para dejar un legado institucional. Que no volvamos a escuchar, dentro de diez años, a nuevos perseguidos reclamando las mismas reformas que hoy siguen pendientes.
Porque las garantías procesales no tienen partido político. Son el patrimonio de toda la sociedad dominicana.