OPINIÓN, ANDRÉS A AYBAR BÁEZ PARA 7 SEGUNDOS.- La República Dominicana avanza con vitalidad demográfica y económica en muchos frentes, pero bajo esa superficie late una acumulación de deudas sociales—problemas estructurales que se han ido postergando hasta convertirse en urgencias. Reconocerlas y documentarlas públicamente es el primer paso para diseñar soluciones razonadas; criticar y lamentar no basta. Este artículo recorre esas deudas, las ilustra con anécdotas y propone caminos para una reingeniería del país.
Caos vehicular: más que un inconveniente, un síntoma
Las imágenes de avenidas taponadas, motocicletas zigzagueando entre autos y peatones sorteando carros son ahora parte del paisaje urbano. No es solo un problema de movilidad: es una falla de planificación, infraestructura y educación vial. En los años 70 y 80, cuando la capital era más pequeña, había reglas tácitas y menos vehículos; hoy el crecimiento económico y la urbanización demandan inversión en transporte público de calidad, ordenamiento del espacio público y campañas sostenidas de educación vial. Solución: un plan integral que combine inversión en infraestructura (transporte público masivo, ciclovías, reordenamiento de rutas), regulación y fiscalización, y programas educativos en escuelas y comunidades.
Presupuesto estatal en déficit crónico y subsidios clientelares:
El Estado dominicano opera con déficit recurrente; para cuadrar cuentas se recurre a más deuda y a subsidios dirigidos a quienes demandan con mayor fuerza. Esta cultura de subsidios alimenta clientelismo y presiona las finanzas públicas hasta niveles insostenibles. Recordemos episodios donde aumentos de precios y protestas arrancaron promesas y subsidios inmediatos que no resolvieron el problema de fondo. Solución: auditoría del gasto, revisión del sistema de subsidios hacia modelos focalizados y transparentes, fortalecimiento de ingresos fiscales mediante reforma tributaria progresiva y lucha contra la evasión.
Debilitamiento del Estado de derecho,sentencias ignoradas:
Cuando el Ejecutivo o instituciones públicas cuestionan o no acatan sentencias definitivas, se erosiona la confianza en las instituciones. La historia reciente ha mostrado casos en que decisiones judiciales se encuentran con obstáculos políticos o administrativos para su plena ejecución. Un país con separación de poderes efectiva necesita mecanismos claros para hacer cumplir las resoluciones judiciales y sancionar obstrucciones. Solución: reforzar independencia judicial, mecanismos de cumplimiento ejecutivo y sanciones contra la impunidad institucional.
Fuerzas policiales y violencia institucional:
Las actuaciones policiales que exceden la ley y la rendición de cuentas son una deuda con la ciudadanía. Las prácticas de uso excesivo de la fuerza y la toma de la «justicia» por mano propia no solo violan derechos, sino que también pueden implicar responsabilidades penales para funcionarios que actúan fuera del marco legal. Solución: reforma policial profunda (selección, formación, transparencia en protocolos de uso de fuerza), cuerpos civiles de supervisión y un sistema penal que garantice investigaciones independientes.
Descapitalización del Banco Central y cuasi-fiscalidad:
La pérdida gradual de patrimonio del Banco Central y las operaciones de balance con altos riesgos (cuasi-fiscalidad) comprometen la capacidad de la institución para manejar la política monetaria y financiera. La historia de otros países muestra que cuando los bancos centrales enfrentan tensiones patrimoniales su independencia y capacidad se ven afectadas. Solución: auditoría externa, reglas claras de intervención fiscal y cronograma de capitalización o compensación que preserve la estabilidad monetaria.
Organismo patrimonial y distorsión del mercado inmobiliario:
Decisiones sobre propiedades públicas o patrimoniales que afectan precios y familias —por ejemplo en zonas como Gazcue— han frenado la modernización y generado disputas por criterios poco claros de valoración. Esto golpea a decenas de familias y obstaculiza inversión privada ordenada. Solución: revisión de criterios de valoración, procesos participativos en decisiones urbanas, y políticas de renovación urbana con compensaciones y protección social adecuadas.
Pérdidas energéticas, un agujero negro financiero:
Las pérdidas en el sistema eléctrico, tanto físicas (ladrones de cable, fugas) como comerciales (pérdidas por facturación pobre, fraudes), siguen creciendo. Eso implica subidas tarifarias, déficit del sector y atención concentrada del gobierno para tapar boquetes. Solución: modernización de la red, combate al robo de energía mediante tecnología y sanciones, y reformas institucionales para gestión más eficiente del sector.
Partidos políticos en declive y cambio insuficiente:
Los partidos tradicionales se debilitan: movilidad electoral, desgaste de liderazgos y nuevas plataformas digitales transforman la representación, pero muchas nuevas fuerzas replican «más de lo mismo». La política contemporánea exige renovaciones de estructura organizativa, transparencia y mayor conexión con la sociedad civil. Solución: incentivos a la transparencia partidaria, financiamiento público condicionado a rendición de cuentas, y promoción de nuevas figuras con capacidades de gestión.
Impacto de las redes sociales subestimado:
Las redes han cambiado cómo se moviliza la opinión pública, amplifican reclamaciones y desinformación. Subestimar su efecto es ignorar la arena pública donde hoy se libran debates y crisis reputacionales. Es indispensable combinar regulación pro-competencia y alfabetización digital. Solución: políticas públicas para alfabetización mediática, marcos de responsabilidad para plataformas digitales y campañas de salud informativa.
Suministro de agua en el Distrito Nacional:
El acceso y la continuidad de agua potable en el Distrito Nacional se deterioran: redes envejecidas, pérdidas por fugas, y ausencia de mantenimiento. Esto no es solo incomodidad: es riesgo sanitario y desigualdad. En décadas pasadas la inversión en redes fue suficiente para la población de la época; hoy la demanda superó la capacidad. Solución: plan de rehabilitación de redes, inversiones en plantas y gestión integrada de cuencas, con tarifas escalonadas y subsidios focalizados.
Mantenimiento público insuficiente:
Las obras que se construyen sin un plan sostenido de mantenimiento se degradan y convierten la inversión en gasto desperdiciado. Este patrón se repite en infraestructura vial, edificaciones públicas y sistemas de servicios. Solución: presupuestos plurianuales que incluyan mantenimiento, contratos con cláusulas de garantía y fiscalización ciudadana.
Necesidad de una reingeniería del Estado:
Más que medidas parches, el país requiere una reingeniería institucional: procesos, incentivos, simplificación administrativa y modernización digital para reducir costos y mejorar servicios. La anécdota histórica que ilustra esto: en varias ciudades latinoamericanas, reformas administrativas en los 90 y 2000 aumentaron la eficiencia y redujeron la corrupción cuando hubo voluntad política sostenida. Solución: un programa nacional de reforma institucional con metas claras, indicadores de desempeño y participación ciudadana.
Cómo priorizar y avanzar:
Diagnóstico público y transparente de cada deuda social: datos, magnitud y costos.
Agenda corta (12–24 meses): para acciones de alto impacto y bajo costo político: mantenimiento de redes, campañas educativas, medidas anticorrupción.
Agenda mediana (2–5 años): reformas fiscales, modernización del sector energético, reformas policiales y judiciales.
Agenda larga (5–15 años): reingeniería del Estado, cambios estructurales en transporte y bancario, reordenamiento urbano sostenible.
Mecanismos de rendición: comités técnicos con participación ciudadana, auditorías independientes y metas públicas verificables.
Cierre: reconocer para transformar:
Los problemas descritos no son inevitables. Son el resultado de decisiones y omisiones que se acumulan. La primera tarea es escribirlos, documentarlos y discutirlos en la esfera pública sin alergia política. Solo cuando la sociedad reconozca la magnitud de esas deudas podrá exigir compromisos serios y sostenidos. No se trata de soluciones mágicas: se trata de voluntad, diseño técnico y persistencia para transformar gritos en políticas.