OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ PARA 7 SEGUNDOS MULTIMEDIA.- Criticamos al comunismo cubano por el irrespeto a la propiedad privada, pero debemos preguntarnos qué diferencia existe cuando, en la República Dominicana, el Estado ocupa terrenos de particulares, pasan décadas sin pagar su justo valor y, aun después de obtener sentencias favorables, los propietarios continúan esperando.
No somos Cuba. Tenemos una Constitución democrática, propiedad privada, separación de poderes y tribunales independientes. Precisamente por eso resulta más grave que un funcionario pueda ignorar una decisión judicial y que el ciudadano tenga que seguir litigando para cobrar lo que el propio Estado le debe.
El artículo 51 de nuestra Constitución exige el previo pago del justo valor para privar a una persona de su propiedad, salvo las excepciones constitucionales. El Tribunal Constitucional ha reconocido que el incumplimiento de esa obligación puede ser tutelado judicialmente. No se trata de una concesión del gobierno, sino de un derecho del propietario.
Cuando el Estado ocupa una propiedad y no paga, la diferencia entre el discurso democrático y la práctica autoritaria comienza a desaparecer. Y cuando, además, desobedece una sentencia que ordena cumplir, el mensaje es todavía peor: el poder se considera dueño de la tierra, del dinero y del tiempo del ciudadano.
No podemos condenar las expropiaciones arbitrarias de otros países mientras toleramos que aquí existan familias y sucesiones esperando durante años el pago de terrenos utilizados por el Estado. La utilidad pública no puede convertirse en una excusa para apropiarse del patrimonio ajeno sin compensación efectiva.
La República Dominicana necesita un precedente ejemplar: que las sentencias firmes se ejecuten, que las deudas por expropiaciones se paguen y que los funcionarios que incumplan deliberadamente enfrenten las consecuencias establecidas por la ley, con pleno respeto al debido proceso.
La diferencia entre una democracia y un régimen autoritario no está solamente en lo que dice su Constitución, sino en lo que ocurre cuando un ciudadano le gana un juicio al Estado. Si el Estado no paga ni obedece, nuestra crítica al comunismo pierde fuerza moral.