OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ, PARA 7 SEGUNDOS.- En la República Dominicana, la eficacia del Ministerio Público no debería evaluarse por la cantidad de páginas que llenan un expediente ni por la magnitud mediática que alcanza un proceso judicial, sino por la solidez de las pruebas y la celeridad en obtener condenas justas. Propongo que el Ministerio Público asuma un ejercicio práctico y simbólico: seleccionar el próximo caso que ingrese, elaborar una acusación concisa —de no más de cincuenta páginas, idealmente veinticinco— sustentada en las seis pruebas más concluyentes, y llevarlo hasta sentencia sin aspavientos ni epopeyas mediáticas. Como sugiere Aníbal de Castro, es hora de abandonar el sensacionalismo judicial y demostrar con resultados, no discursos, que la justicia puede ser tan eficiente como transparente.
El derecho comparado ofrece ejemplos claros. En Estados Unidos, la Federal Rules of Criminal Procedure establece límites de extensión en las indictments, exigiendo que sean “breves, claras y sustanciales”, concentradas en los hechos esenciales y las pruebas admisibles. En España, el Ministerio Fiscal presenta escritos de acusación ajustados a un formato estandarizado que rara vez excede las treinta páginas, priorizando la claridad sobre la exhaustividad narrativa. Y en Chile, tras su reforma procesal penal, los fiscales aprendieron que una buena acusación no se mide por su extensión, sino por su precisión probatoria, lo que ha permitido tasas de condena superiores al 80% en causas menores.
Si el Ministerio Público dominicano adoptara esta práctica, no solo optimizaría sus recursos humanos y judiciales, sino que también restauraría la confianza ciudadana en la justicia penal, tantas veces erosionada por procesos interminables que terminan en nulidades, sobreseimientos o absoluciones. Un caso breve, probado y sentenciado en tiempo razonable valdría más para la democracia que mil expedientes sin condena. La justicia, como la verdad, no necesita ruido, sino contundencia.