Nuevas revelaciones contenidas en expedientes de la Fiscalía de Colombia apuntan a una posible infiltración dentro del esquema de seguridad del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al establecer que la organización criminal que planeó el atentado habría tenido acceso a información sobre su residencia, vehículos y rutas de desplazamiento.
Según documentos conocidos por El Colombiano, la hipótesis sobre una posible colaboración desde el círculo de seguridad de Uribe ya estaba en manos de la Fiscalía 46 días después del atentado, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá. La pista surgió a partir del testimonio de un menor identificado como alias “Churco”, quien habría señalado que integrantes del entorno de protección del político proporcionaban información a la estructura criminal.
Uno de los principales elementos bajo investigación es un número telefónico encontrado en el celular de Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi” o “El Costeño”, condenado por su participación en el magnicidio. El contacto estaba registrado bajo el nombre “Escolta del senador” o “Escolta senador”.
La Fiscalía busca determinar si esa persona realmente pertenecía al esquema de seguridad de Uribe y si utilizó su posición para entregar información privilegiada a los responsables del atentado, o si el contacto fue utilizado para crear una falsa apariencia de acceso al equipo de protección y desviar la investigación.
De acuerdo con el testimonio incorporado al expediente, alias “Churco” aseguró que “Chipi” recibía información de los escoltas y que podía obtener alertas prácticamente en tiempo real sobre los movimientos o situaciones que afectaban al entonces senador.
El menor relató que, a finales de mayo de 2025, presenció en un taller de motocicletas de Engativá una llamada por WhatsApp realizada a ese contacto. Según su declaración, la comunicación duró menos de tres segundos y una voz masculina respondió: “hay manifestaciones”, antes de finalizar la llamada.
Los investigadores también encontraron indicios de que la organización conocía detalles sobre la vivienda de Uribe, la camioneta Toyota TXL en la que se movilizaba y las rutas que utilizaba habitualmente. Incluso, según el testimonio, los criminales conocían un paso estrecho cercano a la residencia del político que podía representar un punto vulnerable para su esquema de protección.
La información habría sido utilizada para estudiar los movimientos y posibles puntos débiles del dispositivo de seguridad. El expediente señala que los seguimientos al senador se remontaban a meses antes del atentado.
Antes del ataque que finalmente terminó con la vida de Uribe, la organización habría intentado ejecutar un primer atentado el 3 de junio de 2025 mediante un artefacto explosivo dirigido contra su camioneta. Sin embargo, el plan no se concretó y cuatro días después los responsables cambiaron de método y ejecutaron el ataque con arma de fuego en el parque El Golfito, en Modelia.
La investigación también apunta a que el pago por la información obtenida de los escoltas habría sido coordinado por Simeón Pérez Marroquín, alias “La Firma” o “El Viejo”, quien ya fue condenado por su participación en la logística del crimen.
La Fiscalía mantiene abierta esta línea de investigación para establecer si efectivamente existió una infiltración dentro del esquema de seguridad de Miguel Uribe. Las autoridades han advertido que cualquier conclusión deberá estar respaldada por pruebas que permitan determinar la identidad y participación de las personas involucradas.
Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, fue condenado a 26 años de prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y aceptar su responsabilidad en el crimen de Miguel Uribe.