La Isla Espíritu Santo, ubicada en El Salvador, solía ser un refugio de paz en medio del caos generado por las pandillas en el país. Sin embargo, con la llegada del presidente Nayib Bukele y su régimen de excepción para combatir a estas organizaciones criminales, la isla se vio envuelta en una serie de acusaciones y detenciones que afectaron a unos veinte residentes, tildados de «colaboradores».
Para acceder a la isla, situada en una bahía en el Pacífico, se necesita tomar una lancha desde el muelle de Puerto del Triunfo, en el sureste del país. A pesar de estar rodeada de manglares, la isla ha permanecido relativamente segura gracias a la estricta regulación de la población y la presencia de un destacamento militar y puestos de control.
Los habitantes de la isla, que dependen en su mayoría de una cooperativa dedicada a la comercialización de coco y sus derivados, se consideran afortunados de vivir en un lugar libre de la violencia y el terror de las pandillas, algo que lamentablemente es común en otras partes del país.
Sin embargo, la implementación del régimen de excepción por parte del gobierno de Bukele llevó a una serie de detenciones masivas en todo el país, incluyendo a residentes de la Isla Espíritu Santo. Estas detenciones se llevaron a cabo bajo la premisa de combatir la delincuencia, pero muchas personas fueron arrestadas sin pruebas concretas, basadas simplemente en «llamadas» anónimas.
Entre los detenidos se encuentra el hijo de Silvia Yanira Hernández, quien fue arrestado sin motivo aparente y permanece en prisión desde hace más de 21 meses, dejando a su familia en la incertidumbre y la preocupación por su bienestar.