OPINIÓN, FÉLIX CORREA, PARA 7 SEGUNDOS.- La Semana Santa 2026 deja un saldo que no puede verse como una simple estadística más. Detrás de cada número hay vidas humanas, familias destruidas y una sociedad que, año tras año, parece repetir los mismos errores sin aprender de ellos. Accidentes, lesionados, fallecidos, y sí, también un creciente número de procesos legales, forman parte de un panorama que debe llamarnos a una reflexión profunda.
No se trata únicamente de señalar la imprudencia de los ciudadanos, que ciertamente ha sido determinante en muchos de los casos. Más de cincuenta motociclistas accidentados, en su mayoría por exceso de velocidad y consumo de alcohol, evidencian una conducta temeraria que no solo pone en riesgo sus propias vidas, sino también la de terceros inocentes. La motocicleta, convertida en símbolo de movilidad rápida y económica, también se ha transformado en protagonista recurrente de tragedias evitables.
En este año fue desplegado el más grande operativo de la defensa con el objetivo de evitar imprudencias que se convierten en siniestros y estos en tragedias lamentables. Sin embargo, nunca será suficiente, ya que la prudencia no es algo que pueda imponerse únicamente con vigilancia. La verdadera solución descansa en un cambio profundo de mentalidad en la sociedad, en una conciencia individual que entienda que cada decisión en la vía puede significar la vida o la muerte.
Sin embargo, limitar el análisis a la conducta individual sería irresponsable. Las autoridades tienen una cuota ineludible de responsabilidad. Un ejemplo doloroso es el fallecimiento ocurrido en la autopista de Las Américas, a la altura de Los Frailes. Esa muerte no puede verse como un hecho aislado. La ausencia de puentes peatonales, retirados por deterioro sin una reposición oportuna, constituye una omisión grave. Aunque muchos ciudadanos no utilicen estas infraestructuras, su inexistencia elimina por completo la posibilidad de elegir la seguridad. Cada fallecido en estas circunstancias también recae sobre la falta de acción de quienes tienen el deber de garantizar condiciones adecuadas.
Es cierto que la ciudadanía debe asumir su rol con responsabilidad, pero el Estado está llamado a anticiparse al riesgo, no a reaccionar después de la tragedia. La prevención no puede ser un discurso vacío; debe traducirse en infraestructura, controles efectivos y decisiones firmes.
En este contexto, resulta inevitable cuestionar si se tomaron las medidas adecuadas para una fecha como esta. Las condiciones climáticas advertían sobre un alto oleaje y riesgos de crecidas en ríos y playas. Era, sin duda, una Semana Santa para permanecer en casa o, al menos, para restringir de manera más rigurosa las actividades recreativas en zonas vulnerables. La prevención también implica saber cuándo decir no.
Asimismo, ante el elevado número de accidentes, especialmente de motociclistas, surge una propuesta que merece ser considerada con seriedad: la prohibición temporal de motocicletas, así como de vehículos pesados, durante períodos de alto flujo como la Semana Santa. No se trata de una medida popular, pero sí potencialmente efectiva para reducir la siniestralidad en momentos críticos.
Cada año repetimos el mismo ciclo: campañas de concienciación, operativos, cifras preliminares, y luego el olvido. Pero la realidad es que las tragedias continúan. Mientras no exista un compromiso real, tanto de la ciudadanía como de las autoridades, seguiremos sumando nombres a una lista que nunca debió existir.
La vida humana no puede seguir siendo una estadística más.