OPINIÓN, ANDRÉS AYBAR BÁEZ, PARA 7 SEGUNDOS.- En República Dominicana no tenemos un problema de falta de vehículos. Tenemos, más bien, un exceso de soluciones individuales que nacieron donde debió existir una solución colectiva. Ese es el verdadero origen del desorden que vivimos todos los días en nuestras calles.
Hoy el país cuenta con más de seis millones de vehículos para una población que apenas supera los once millones de habitantes. Dicho de forma simple: hay prácticamente un vehículo por cada dos personas. Esa cifra no solo es alta, es alarmante cuando se compara con el resto de América Latina, donde el promedio ronda los 200 vehículos por cada mil habitantes. En nuestro caso, superamos los 500. Es decir, tenemos más del doble de la motorización regional.
A primera vista, alguien podría interpretar esto como señal de progreso. Más vehículos, más acceso, más movilidad. Pero esa lectura es superficial. La realidad es otra: ese crecimiento no es producto de un sistema organizado, sino de una reacción social ante la ausencia de un transporte público eficiente, confiable y digno.
El dominicano no esperó. El dominicano resolvió.
Compró un motor para llegar al trabajo. Compró un carro, aunque fuera usado y financiado con sacrificio, para no depender de un sistema de transporte incierto. Se montó en lo que pudo porque moverse dejó de ser un derecho garantizado y se convirtió en un problema individual que cada quien debía resolver como pudiera.
Y así, sin planificación, sin integración y sin visión de largo plazo, el país se llenó de motores, carros, tapones y caos.
Más de la mitad del parque vehicular está compuesto por motocicletas. Ese dato por sí solo explica muchas cosas. No se trata de una elección de comodidad, sino de necesidad. El motor es la respuesta más rápida, más barata y más flexible en un entorno donde el transporte colectivo no cubre adecuadamente la demanda. Pero también es la más peligrosa, la más informal y la que más contribuye al desorden vial que vivimos.
Mientras tanto, la inversión pública ha privilegiado históricamente la expansión de vías, elevados y soluciones puntuales al tráfico, en lugar de construir un sistema integral de transporte masivo que reduzca la dependencia del vehículo privado. Se ha tratado el síntoma —el congestionamiento— pero no la causa: la falta de alternativas reales para movilizar a la población.
El resultado es el que vemos todos los días. Calles saturadas, tiempos de traslado cada vez más largos, consumo creciente de combustible, contaminación, estrés ciudadano y una sensación permanente de caos que se ha normalizado peligrosamente.
Pero el problema no es cultural, como muchos insisten en decir. No es que el dominicano “maneje mal” o que “le guste el desorden”. El problema es estructural. Cuando un país no ofrece un sistema de transporte público eficiente, la gente no se queda de brazos cruzados: se adapta. Y esa adaptación, cuando ocurre de manera masiva y desorganizada, genera precisamente el caos que hoy criticamos.
En otras palabras, el desorden no es la causa. Es la consecuencia.
República Dominicana no necesita más vehículos. Necesita menos dependencia de ellos. Y eso solo se logra con una inversión seria, sostenida y estratégica en transporte público moderno, interconectado y confiable. Metro, autobuses bien gestionados, rutas organizadas y un sistema que funcione como una red, no como piezas aisladas.
Porque mientras el transporte público siga siendo insuficiente, el parque vehicular seguirá creciendo. Y con él, el caos.
La evidencia es clara: cuando un país tiene más del doble de vehículos por habitante que el promedio regional, no estamos ante un signo de desarrollo, sino ante la prueba de que el Estado llegó tarde… y el ciudadano tuvo que adelantarse.
El problema es que ahora todos pagamos el precio.
