SANTO DOMINGO.– El Congreso Nacional aprobó de manera definitiva la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, una normativa que busca regular de forma integral las relaciones entre propietarios e inquilinos en la República Dominicana.
El martes, la Cámara de Diputados acogió en única lectura las modificaciones introducidas por el Senado y remitió la pieza al Poder Ejecutivo para su promulgación.
En el espacio de El Comentario de 7 SEGUNDOS, el abogado Felipe Ramírez analizó el impacto que podría tener la nueva ley, calificándola como una herramienta importante, pero aún inacabada. Señaló que el anteproyecto ha sido controversial desde sus inicios, tanto para quienes pertenecen al sector inmobiliario como para los que no.
“Esta ley es algo que se va perfeccionando. Sin embargo, hay puntos que deben ser revisados, especialmente para evitar que, ante incumplimientos, se genere un mercado paralelo que no beneficie ni al propietario ni al inquilino”, afirmó Ramírez.
El jurista también expresó que, aunque la ley establece que no se puede denigrar a un inquilino, en la práctica el propietario sigue teniendo la facultad de elegir a quién le alquila. Subrayó además que el marco legal otorga muchas garantías al inquilino, lo que podría hacer sentir a los propietarios en situación de desprotección.
La normativa limita el depósito de garantía a un máximo de dos meses de renta, establece un tope del 10 % anual para reajustes de precio y define reglas específicas sobre el corretaje y los gastos legales.
Ramírez advirtió que uno de los desafíos más importantes será el cumplimiento efectivo de la ley, especialmente en casos donde el inquilino cause daños a la propiedad. “Hay situaciones donde los inquilinos destruyen el inmueble y ni siquiera los dos depósitos alcanzan para cubrir los daños. Y cuando el propietario intenta hacer valer sus derechos, el proceso legal se vuelve largo, costoso y desgastante. Ahí es donde está el verdadero reto de esta ley”, afirmó.