OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ.- Mientras Haití se desangra en su caos institucional, social y humanitario, algunas voces locales e internacionales comienzan a sugerir lo impensable: que solo un gobierno de “mano dura”, con poder extendido por décadas, podría intentar ordenar ese Estado fallido. La realidad haitiana, desprovista de autoridades funcionales, amenaza no solo a su propio pueblo, sino que desborda hacia su vecino inmediato: la República Dominicana.
En paralelo, nuestra nación carga otro yugo: una deuda externa consolidada que ha superado los 73,000 millones de dólares y un déficit cuasi fiscal del Banco Central que suma silenciosamente un peso insostenible al Producto Interno Bruto. Este crecimiento descontrolado no es abordado con la urgencia que amerita; parece invisible para la clase política, la sociedad civil y la opinión pública. Mientras más se posterga su solución, más radicales tendrán que ser los remedios.
Estos dos problemas —la implosión haitiana y la fragilidad fiscal dominicana— cuelgan sobre nosotros como el proverbial sable de Damocles. La diferencia es que no estamos en una fábula: si no actuamos con firmeza y visión, ambos pueden caer sobre nuestro presente y arrasar nuestro futuro.
Es ahora, cuando la comunidad internacional parece indiferente a nuestras decisiones, cuando debemos aprovechar para ordenar la casa por cuenta propia. No debemos esperar imposiciones externas ni la llegada de un nuevo “mesías” político que pretenda resolverlo todo con soluciones mágicas o autoritarias. La responsabilidad es del poder político vigente, de quienes ocupan cargos y tienen el deber de gobernar con visión de Estado y compromiso histórico.
A veces, la historia da una sola oportunidad para rectificar el rumbo antes del colapso. Hoy, con Haití como vecino en ruinas y la deuda como cáncer interno, la República Dominicana tiene la posibilidad —y la obligación— de comenzar su rescate institucional y financiero, con voluntad, antes de que otros vengan a hacerlo por nosotros.