OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ PARA 7 SEGUNDOS MULTIMEDIA.- Una noticia publicada esta semana en Estados Unidos merece especial atención en la República Dominicana. La administración del presidente Donald Trump ha escogido a nuestro país para comenzar a probar un nuevo mecanismo dirigido a determinados solicitantes de visas de inmigrante que, a juicio de las autoridades consulares, pudieran representar en el futuro una “carga pública” para los Estados Unidos.
La medida introduce la posibilidad de exigir una fianza migratoria —public charge bond— antes de conceder determinadas visas de inmigrante. Según la información publicada por The Washington Free Beacon, las cantidades que se estarían considerando para los primeros casos podrían oscilar entre US$100,000 y US$250,000, cifras extraordinariamente elevadas para cualquier familia dominicana.
Conviene, sin embargo, hacer una precisión fundamental para no crear una alarma innecesaria: esto no significa que todo dominicano que solicite una visa estadounidense tendrá que depositar US$100,000 o US$250,000. Tampoco estamos hablando de la visa ordinaria de paseo B1/B2.
El Departamento de Estado ha informado que el mecanismo de public charge bond está dirigido a casos seleccionados de visas de inmigrante en los cuales el funcionario consular determine que el solicitante podría resultar inadmisible bajo la disposición de la legislación migratoria estadounidense relativa a la llamada “carga pública”. En esos casos, la fianza podría convertirse en una vía adicional para superar esa objeción y obtener la visa si se cumplen los demás requisitos.
Es importante distinguir este programa del sistema de fianzas aplicable a determinadas visas B1/B2. Estados Unidos acaba de hacer permanente otro programa que permite exigir, para nacionales de ciertos países, fianzas de hasta US$20,000 destinadas principalmente a garantizar que el visitante abandone el territorio estadounidense dentro del plazo autorizado. Se trata de dos mecanismos diferentes.
¿Por qué comenzar por República Dominicana?
Esta es quizás la parte más interesante para nosotros.
De acuerdo con la información disponible sobre el nuevo programa de carga pública, Santo Domingo habría sido escogido por el volumen y la importancia de sus operaciones de visas de inmigrante. República Dominicana mantiene desde hace décadas uno de los vínculos migratorios más intensos del Caribe con los Estados Unidos.
Por eso nuestro país puede convertirse ahora en un laboratorio de una política migratoria que eventualmente podría extenderse a otras naciones.
La filosofía detrás de la medida coincide perfectamente con la orientación general de la administración Trump: quien aspire a establecerse permanentemente en Estados Unidos debe demostrar que posee recursos suficientes y que probablemente no dependerá económicamente del Estado.
Pero aquí surge una interrogante inevitable.
¿Hasta qué punto una fianza de US$100,000 o US$250,000 constituye realmente una garantía y no termina convirtiéndose en una barrera económica para la inmigración legal?
Una cosa es exigir solvencia económica razonable. Otra muy distinta es establecer una garantía que solamente pueda ser afrontada por familias de elevado patrimonio.
Ahí estará probablemente el centro del futuro debate jurídico y político en Estados Unidos.
La legislación estadounidense contempla desde hace mucho tiempo el concepto de public charge. Lo novedoso no es, por tanto, que el gobierno examine la capacidad económica del inmigrante, sino la utilización práctica de fianzas potencialmente de seis cifras como instrumento para garantizar que determinadas personas no terminen dependiendo de asistencia pública.
La paradoja resulta evidente: una persona considerada económicamente vulnerable tendría que demostrar capacidad para respaldar una garantía que podría alcanzar un cuarto de millón de dólares.
Desde la perspectiva dominicana, el tema debe observarse con serenidad, pero también con mucha atención.
Estados Unidos tiene pleno derecho a determinar las condiciones de admisión de extranjeros dentro de los límites establecidos por su Constitución y sus leyes. Pero República Dominicana también tiene razones para seguir cuidadosamente una política que podría afectar la reunificación de familias dominicanas y estadounidenses y uno de los corredores migratorios más importantes entre ambos países.
No estamos todavía frente a una exigencia generalizada para los dominicanos. Estamos frente a un programa piloto y selectivo, y será indispensable observar cómo se aplica en la práctica, qué criterios utilizarán los funcionarios consulares y cuáles serán finalmente los montos exigidos en los casos concretos.
Pero hay un hecho que no debemos perder de vista:
República Dominicana ha sido escogida para estar en la primera línea de un nuevo experimento migratorio estadounidense.
Y cuando Estados Unidos utiliza a nuestro país para probar una política que posteriormente puede convertirse en modelo para otras naciones, debemos prestarle atención desde el primer día.
Porque detrás de una simple fianza migratoria puede estar produciéndose un cambio mucho más profundo: el paso de una inmigración basada fundamentalmente en requisitos familiares y jurídicos hacia otra en la que la capacidad económica del inmigrante tendrá un peso cada vez mayor.
Ese debate apenas comienza.
