SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados analiza el proyecto de ley de parto humanizado, una iniciativa que plantea sanciones penales para el personal médico que incurra en prácticas consideradas violencia obstétrica, incluyendo la realización de cesáreas sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, aun cuando existan condiciones para un parto natural.
La propuesta, sometida por el diputado Wandy Batista, dispone que cualquier intervención médica que altere el proceso natural del parto sin justificación o sin consentimiento pueda tipificarse como violencia gineco-obstétrica. Estos actos serían penalizados con penas de cinco a diez años de prisión, de acuerdo con el artículo 309-3 del Código Penal.
El proyecto establece el derecho de la mujer a un parto natural respetando los tiempos biológicos y evitando prácticas invasivas o medicación no justificada. No obstante, aclara que este derecho no podrá ejercerse si pone en riesgo la salud de la madre o del bebé. Asimismo, reconoce el derecho de la paciente a recibir información completa sobre los beneficios y riesgos de cualquier procedimiento para aceptarlo o rechazarlo expresamente. La falta de información o la imposición de técnicas sin consentimiento se considerará una violación grave.
Información dentro del proyecto de ley
El texto legislativo define la violencia obstétrica como el trato deshumanizado, el abuso de medicación o la patologización innecesaria de procesos naturales durante la atención del parto. Según la pieza, estas conductas afectan la autonomía de la mujer y su capacidad para decidir sobre su cuerpo y su reproducción.
Entre las acciones que serían penalizadas figuran no atender emergencias gineco-obstétricas de manera oportuna, acelerar el proceso del parto sin consentimiento informado, obligar a la mujer a parir en posiciones no justificadas, realizar cesáreas innecesarias, impedir el contacto inmediato del recién nacido con la madre sin motivo médico y emitir insultos o maltratos físicos o psicológicos durante el proceso.
Otros aspectos del proyecto del ley
El proyecto también extiende sus disposiciones a mujeres no embarazadas que sufran vejaciones o pérdida de autonomía durante atenciones ginecológicas. En estos casos, los responsables enfrentarían las mismas sanciones penales.
Las violencias obstétricas se clasifican en leves y graves. El artículo 13 del proyecto establece como graves las violaciones al derecho a la autonomía reproductiva, a recibir orientación, a ser tratada con respeto y a obtener información sobre los procedimientos médicos. El personal de salud de centros públicos o privados que incurra en estas conductas será juzgado como autor de violencia obstétrica y podría enfrentar penas de cinco a diez años de prisión, además de responsabilidades civiles.
De acuerdo con los considerandos, la iniciativa busca promover una atención digna y segura durante el embarazo, el parto y el posparto, garantizando que toda intervención médica cuente con el debido consentimiento informado.