En noviembre de 2015, Fausia fue al río a buscar agua cuando dos hombres la atacaron por la espalda, la golpearon y le pusieron un cuchillo en el cuello. Uno de ellos la violó, dejándola embarazada.
Ocho años después, Fausia, utilizando un nombre ficticio, relata su historia en el jardín de la ONG hondureña Centro de Derechos de Mujeres (CDM) en Tegucigalpa. En marzo, denunció a Honduras ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por prohibirle abortar.
Fausia, hija de un cacique del pueblo nahua defensor de los derechos territoriales, fue agredida por dos hombres cuya familia usurpó la tierra de su padre en una zona rural de Honduras. «Fue una represalia», asegura esta indígena de 34 años.
«Soy sobreviviente de una violación sexual. Fue muy violento. Me amenazaron de muerte. Me dijeron que si ponía la denuncia me iban a asesinar a mi familia y a mí», relata Fausia, ocultando su rostro.
Un mes después de la violación, superó el miedo y presentó la denuncia ante la fiscalía, iniciando un largo y doloroso proceso legal. Su salud comenzó a deteriorarse, y al principio creyó que era por los golpes.
Cuando le dijeron que estaba embarazada, el mundo se le vino abajo: «Fue un choque psicológico, emocional. Era algo que yo no había planificado ni deseado, no quería. Sentí rechazo hacia mí misma».
Los médicos le advirtieron que la denunciarían si intentaba abortar, ya que en Honduras el aborto es castigado con penas de entre 3 y 10 años de cárcel.
Honduras es uno de los seis países del continente (junto con El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam) donde el aborto está prohibido, incluso en casos de malformación del feto, violación sexual o peligro de vida para la mujer. Hasta hace poco, tampoco se permitía la pastilla anticonceptiva de emergencia en el país.
En el momento de la violación, Fausia tenía dos hijos, una pareja y un hogar en una comunidad. Sin embargo, las constantes amenazas y hostigamientos contra ella y su familia los obligaron a mudarse diez veces y finalmente a emigrar a la ciudad, recuerda sollozando. Su casa fue saqueada y destruida.
Forzada a una maternidad no deseada, el parto fue una experiencia extremadamente difícil. «En el quirófano yo lloraba. Luego me obligaron a amamantar y a que la besara (a la bebé) y yo no lo quería hacer», relata con tristeza.
«Si hubiera tenido la oportunidad de interrumpirlo, lo habría hecho, porque rotundamente cambió mi vida… es una marca imborrable».
Una vez intentó ahorcarse, pero la silla se volteó y cayó. En ese momento, uno de sus hijos llegó y lo impidió. «Pensé varias veces en suicidarme por el rechazo que sentía, por el dolor, por el sufrimiento», relata con tristeza.
En 2017, logró que los agresores fueran detenidos, pero pocos meses después los liberaron. «No me creían porque no era una adolescente, sino una mujer con hijos», comenta.
Con la ayuda del CDM y la oenegé Centro de Derechos Reproductivos (CDR), Fausia relanzó su caso en 2018. Ocho años después de la violación, la justicia declaró culpables a los agresores, pero la sentencia aún admite apelaciones.