Este lunes, durante el acto de inicio del año escolar 2026-2027, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, hizo un llamado a los gremios y los distintos sectores vinculados al sistema educativo a colocar el derecho de los estudiantes a aprender por encima de cualquier diferencia política, gremial o sectorial.
Durante su intervención, el funcionario planteó la necesidad de evitar que los conflictos entre adultos terminen repercutiendo en las aulas y afectando el desarrollo de la docencia.
De Camps sostuvo que la educación debe funcionar como un espacio de encuentro y no como un escenario para trasladar disputas políticas o gremiales que puedan interrumpir el proceso de aprendizaje.
El ministro reconoció que los docentes tienen derecho a presentar sus reclamos y defender sus reivindicaciones, pero señaló que las autoridades también deben atender esas demandas procurando preservar un derecho fundamental: que los estudiantes reciban las horas de clases establecidas. «Ningún niño debería perder aprendizaje por una diferencia entre adultos», expresó.
Un llamado a mantener el diálogo
De Camps indicó que la discusión, la crítica y la fiscalización son elementos propios de una sociedad democrática, pero consideró necesario establecer un límite cuando las diferencias entre los distintos actores del sistema puedan terminar perjudicando a los estudiantes.
En ese contexto, explicó que hablar de una educación despolitizada no implica eliminar el debate sobre las políticas educativas, sino evitar que los alumnos sean colocados en medio de disputas entre sectores.
Afirmó que las posiciones encontradas pueden ser defendidas y discutidas, pero con responsabilidad y sin convertir a los estudiantes en instrumentos de confrontación.
El titular del Ministerio de Educación aseguró además que la institución continuará abierta al diálogo con el sector docente y con los demás actores vinculados a la educación nacional.
Entre las prioridades señaladas por el funcionario figuran el mejoramiento de la infraestructura escolar, la formación de los docentes, el transporte estudiantil, la alimentación escolar y otros servicios dirigidos a garantizar mejores condiciones para la comunidad educativa.
Más de 2.6 millones de estudiantes
El nuevo año escolar comenzó con una matrícula proyectada de 2,686,981 estudiantes en el sistema educativo nacional. De ese total, 2,084,202 estudiantes pertenecen al sector público, mientras que 602,769 corresponden al sector privado.
Para De Camps, el inicio de las clases representa el punto de partida de un nuevo período cuyo principal propósito debe ser que los estudiantes logren aprendizajes efectivos y puedan avanzar satisfactoriamente en su trayectoria educativa.
El ministro también destacó otras áreas que forman parte de la agenda educativa del Gobierno, entre ellas el fortalecimiento de la educación técnico-profesional, la modalidad en artes y la enseñanza del idioma inglés.
A esto se suman iniciativas relacionadas con la robótica y la transformación digital, con la incorporación progresiva de competencias digitales, pensamiento computacional e inteligencia artificial dentro del sistema educativo.
El llamado del funcionario se produce al inicio de un año escolar en el que el Gobierno busca mantener el foco en el aprendizaje de los estudiantes y, al mismo tiempo, sostener el diálogo con los diferentes sectores que participan en el sistema educativo.
