BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este jueves que remitirá al Congreso un proyecto de ley que permitirá que las provincias determinen cuáles serán las zonas cercanas a los glaciares donde podrán desarrollarse actividades mineras. La propuesta busca modificar el actual marco regulatorio sobre áreas periglaciales.
Durante su intervención en el Congreso de Economía Regional, Milei explicó que la legislación vigente no define con precisión dónde comienza la zona periglacial, lo que —según señaló— dificulta el avance de proyectos extractivos. “Una de las leyes que vamos a estar mandando tiene que ver con la ley de periglaciales. Está la zona glaciar y la periglacial es el perímetro a partir del cual se pueden hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido”, afirmó.
El mandatario sostuvo que la minería representa un sector con “grandes oportunidades” para atraer inversiones y con potencial para generar hasta un millón de empleos en el país. En ese sentido, señaló que la iniciativa surgió del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, una provincia con tradición minera.
Provincias asumirán la definición de áreas periglaciales
Milei cuestionó a los grupos ambientalistas que rechazan el avance de la minería y aseguró que su propuesta permitirá que sean los gobiernos provinciales quienes definan exactamente qué áreas serán consideradas zona periglacial. Según el presidente, esto facilitará el ingreso de nuevas inversiones destinadas a la explotación de recursos naturales.
Debate entre desarrollo económico y protección ambiental
El anuncio reactiva la discusión en torno a la protección de glaciares y el uso de su entorno. La Constitución argentina establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias, pero también garantiza el derecho a un ambiente sano, lo que ha provocado tensiones entre el desarrollo minero y la preservación ambiental.
Argentina registra inversiones en proyectos de litio, cobre y oro, aunque el sector opera bajo la Ley de Glaciares, aprobada en 2010, que protege los glaciares y su ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. En 2019, la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la norma y subrayó que, ante conflictos, deben prevalecer los derechos colectivos, como el acceso al agua potable.