OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ PARA 7 SEGUNDOS.- Las sociedades maduras no se fortalecen únicamente cuando sancionan lo incorrecto; también se engrandecen cuando tienen la capacidad de revisar, rectificar y reconocer que, en determinados momentos, decisiones administrativas o institucionales pudieron producir consecuencias desproporcionadas sobre personas cuya responsabilidad nunca fue plenamente demostrada o cuyo tránsito por la justicia ya concluyó.
Con humildad y profundo respeto por las instituciones, tanto nacionales como internacionales, considero positivo que puedan abrirse espacios de revisión sobre ciertos casos de revocación de visados que, en su momento, afectaron a ciudadanos dominicanos de distintos sectores de la vida nacional: empresarios, militares, profesionales, líderes sociales, religiosos o figuras públicas, algunos de los cuales vieron impactadas no solo sus posibilidades de movilidad internacional, sino también su reputación personal, familiar y profesional.
No se trata de cuestionar la soberanía de ningún Estado para decidir sobre su política migratoria o consular, derecho plenamente reconocido en el ámbito internacional. Se trata, más bien, de reflexionar sobre la importancia de que toda medida con efectos reputacionales profundos pueda sostenerse en criterios claros, verificables y compatibles con principios universales de justicia.
La jurisprudencia democrática moderna ha consolidado valores esenciales como la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa y la razonabilidad de las sanciones administrativas. Asimismo, existe una sensibilidad creciente frente al principio de proporcionalidad y frente a lo que muchos perciben como una forma de doble afectación cuando una persona, aun habiendo respondido ante la justicia o sin haber sido condenada, continúa arrastrando consecuencias indefinidas que limitan su reinserción plena en ámbitos sociales, económicos o internacionales.
La República Dominicana ha vivido etapas intensas en su historia reciente, marcadas por investigaciones, procesos mediáticos y dinámicas institucionales complejas. En ocasiones, en medio del fervor de ciertas coyunturas, pueden producirse decisiones que con el tiempo merecen una mirada más desapasionada, más técnica y más humana.
Rectificar cuando corresponde no debilita a las instituciones; las engrandece.
Revisar no significa absolver indiscriminadamente. Significa reconocer que la justicia, para ser verdaderamente justa, debe tener espacio para la ponderación, para la actualización de criterios y para distinguir entre señalamientos coyunturales y responsabilidades plenamente establecidas.
Las relaciones entre países amigos deben construirse sobre la confianza mutua, el respeto institucional y la convicción de que la cooperación internacional nunca debe convertirse —ni siquiera indirectamente— en fuente de agravios irreparables para personas que merecen un tratamiento justo.
La experiencia enseña una verdad sencilla pero profunda: en la vida pública, como en la vida misma, nadie permanece siempre en la misma posición. Hoy se puede observar desde una acera; mañana, desde la otra. Por ello, conviene actuar siempre con prudencia, equilibrio y humanidad.
Si existen oportunidades para revisar decisiones pasadas bajo parámetros objetivos y transparentes, hacerlo sería un gesto de madurez institucional, de reconciliación y de respeto a la dignidad humana.
Porque la justicia no solo se mide por su firmeza, sino también por su capacidad de corregirse con humildad.