OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ PARA 7 SEGUNDOS MULTIMEDIA.- Cada cierto tiempo reaparece el debate sobre la evaluación y ratificación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, pocas veces se plantea la pregunta esencial: ¿puede existir una verdadera independencia judicial cuando un juez sabe que, para permanecer en el cargo, deberá volver ante el poder político que tiene en sus manos su continuidad?
Como abogado, considero que este debate debe abordarse con serenidad y sin cuestionar la honorabilidad de quienes integran nuestras altas cortes. El problema no es de personas, sino de diseño institucional.
Es correcto que la designación inicial de los jueces corresponda al órgano constitucionalmente competente. Pero una vez realizado ese nombramiento, la continuidad del magistrado no debería depender nuevamente de una decisión política. La independencia judicial no solo debe existir; también debe percibirse.
Por ello, el país debería debatir dos alternativas: mantener nombramientos hasta la edad constitucional de retiro o establecer períodos largos —por ejemplo, de diez años— sin posibilidad de ratificación o reconfirmación. Así se garantiza estabilidad, independencia y renovación institucional sin crear vínculos de dependencia política.
La misma reflexión debería aplicarse al Ministerio Público. Si aspiramos a una justicia verdaderamente independiente, también debemos fortalecer la autonomía de quienes ejercen la persecución penal.
En una democracia sólida, el único momento en que un juez debe tener relación institucional con el poder político es el día de su designación. A partir de entonces, su única lealtad debe ser con la Constitución, la ley, las pruebas y su conciencia jurídica. Si ello implica decidir en contra de quienes lo designaron, esa no es una deslealtad; es la máxima expresión de independencia.
La República Dominicana merece abrir este debate con honestidad. La independencia judicial no se construye con discursos, sino con instituciones que eliminen cualquier incentivo de dependencia frente al poder político. Solo entonces podremos afirmar, con plena convicción, que contamos con una justicia verdaderamente independiente.