OPINIÓN, ANDRÉS A AYBAR BAEZ, PARA 7 SEGUNDOS.- Lo que estamos viendo en la República Dominicana con las recientes declaraciones de José Ignacio Paliza no es un simple episodio político más: es la confirmación más clara de que el narcotráfico y el crimen organizado lograron penetrar, en silencio y durante años, estructuras del Estado, partidos tradicionales y candidaturas que llegaron al poder gracias a vacíos legales, fallos en la supervisión institucional y una cultura política que normalizó lo inaceptable.
Esta verdad, que duele admitir, hoy sale a la luz desde el propio gobierno. Y ese simple hecho implica una responsabilidad histórica: revisar a fondo las leyes de lavado de activos, endurecer las obligaciones de los sujetos regulados, controlar con rigor los topes de financiamiento político y fortalecer los mecanismos de depuración de candidatos en la JCE y la DNCD.
Peña Gómez advirtió hace décadas que, si no se actuaba de manera firme, el narcotráfico terminaría penetrando la política. La historia, lamentablemente, le dio la razón.
Al presidente Luis Abinader no le ha tocado gobernar en tiempos fáciles. Inició su mandato en medio de una pandemia devastadora que obligó a un sobreendeudamiento extraordinario para sostener la economía. Después enfrentó escándalos dolorosos que involucraron figuras cercanas a su gobierno. Y también vio cómo personas electas desde su propio partido resultaron vinculadas a redes del crimen organizado.
A pesar de todo eso, no optó por el silencio ni la complacencia, sino por enfrentar un problema que se había acumulado por años y que hoy le estalla entre las manos.
Depurar y sanear un Estado penetrado por intereses criminales no es un acto administrativo:
es una batalla moral, compleja, ingrata y de altísimo costo político.
Y como bien dijo Winston Churchill cuando convocó a su pueblo a defender a Gran Bretaña en los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, estas luchas requieren “sangre, sudor y lágrimas”.
Es exactamente lo que está pasando en la República Dominicana.
Es evidente que Estados Unidos está colaborando estrechamente en esta limpieza institucional. Y nadie puede pensar que una cooperación de esa magnitud se da sin conocimiento ni aprobación del propio presidente dominicano. Esta depuración incómoda, dolorosa y políticamente desgastante es hoy un compromiso moral, político y también internacional.
Tenemos, por primera vez en décadas, una oportunidad real de reordenar el sistema político, sacar del Congreso y de los partidos a quienes jamás debieron llegar y cerrar las puertas a aspirantes que, aunque no estén condenados, representan prácticas éticamente inaceptables y riesgosas para la salud democrática del país.
No es un proceso bonito. No es un proceso rápido.
Pero es un proceso necesario.
La República Dominicana debe aprovechar esta tormenta para revisar sus sistemas de control, endurecer los filtros de la política y cortar de raíz la influencia del dinero ilícito en las campañas.
Y aunque este proceso ha deslucido inevitablemente la gestión del presidente Abinader —porque cada escándalo erosiona la narrativa de éxito— sería injusto no reconocer que él ha enfrentado la crisis de frente, con valentía, sin esconder la basura debajo de la alfombra como tantas veces ocurrió en el pasado.
Que este momento oscuro se convierta en un punto de inflexión.
Que la limpieza continúe.
Que el Estado recupere su dignidad.
Que entendamos, como nación, que sin instituciones fuertes no habrá futuro posible para nuestros hijos y nietos.
Si algo bueno debe salir de este estercolero acumulado por décadas, es precisamente esto: una República Dominicana más seria, más vigilante y más consciente de que el crimen organizado no puede volver jamás a elegir funcionarios ni a penetrar las estructuras del poder.