OPINIÓN, ANDRÉS AYBAR BÁEZ, para 7 Segundos Multimedia.- Hoy domingo, leyendo en la tranquilidad de mi hogar, me topé con la historia de un pequeño país africano —al que llamaremos Afropía— que me dejó con el alma inquieta. Un país que, en apariencia, tiene un régimen capitalista, una constitución robusta y un sistema judicial completo. Pero donde, en la práctica, las leyes son poco más que un pedazo de papel.
En Afropía, durante más de medio siglo, distintos gobernantes encontraron un método “eficiente” para expandir los dominios del Estado: declarar terrenos de utilidad pública sin compensación previa. Cientos de familias fueron despojadas de sus propiedades bajo promesas eternas de pago, con expedientes que dormían en despachos ministeriales como cartas sin destinatario.
Algunas familias, obstinadas en su fe, lucharon durante décadas. Obtuvieron decisiones judiciales firmes, sentencias que les reconocían el justo precio de sus tierras. Pero en Afropía, las sentencias tampoco se ejecutan, solo decoran los archivos.
Llegó un momento en que el gobierno necesitaba dinero. Urgido por compromisos externos, lanzó un programa de pago con descuentos de hasta el 50% sobre las deudas viejas. Muchos lo aceptaron: lo preferían a no cobrar nunca. Pero lo que parecía una solución, se tornó en persecución. Quienes aceptaron el pago fueron señalados, y los abogados que los ayudaron, hostigados.
En Afropía, el poder había encontrado su mejor escudo: la impunidad disfrazada de legalidad. Se decía entre los cortesanos del Rey Presidente que “las deudas nuevas se dejan poner viejas, y las viejas no se pagan”. Incluso, se llegó al extremo de que los allegados del trono decidían a quién se le pagaba y a quién no, por mero capricho o conveniencia.
Esa historia me impactó tanto, que sentí la necesidad de escribirla. No por el morbo del relato, sino por el mensaje que lleva entre líneas. Porque Afropía podría ser cualquier país si no cuida su Estado de derecho. Y nosotros, en la República Dominicana, debemos cuidarnos de no caminar por ese mismo sendero.
Las leyes están para cumplirse. Las decisiones judiciales no son adornos. La seguridad jurídica no se hereda ni se improvisa: se construye cada día, con actos concretos de justicia, responsabilidad y respeto a la palabra empeñada.
Quien viola el derecho de propiedad debilita la confianza en el país. Y quien burla las sentencias judiciales socava la institucionalidad. No hay inversión extranjera ni desarrollo sostenible si el ciudadano vive con miedo a que su derecho quede sepultado bajo la alfombra de la indiferencia.
Que Afropía quede como un espejo incómodo en el que no queremos vernos. Y que nuestras autoridades, actuales y futuras, honren el valor de la ley, no por temor a la crítica, sino por compromiso con el país que todos queremos construir.