OPINIÓN, FÉLIX CORRES, PARA 7 SEGUNDOS.- Vivimos una realidad incómoda que pocos quieren enfrentar: la enfermedad mental está siendo diagnosticada, pero no tratada. Y esa omisión, silenciosa pero constante, se está convirtiendo en una de las crisis más peligrosas del siglo XXI.
No se trata de exageración. Se trata de hechos. Cada día vemos más casos de personas con trastornos mentales severos deambulando sin supervisión, sin medicación, sin ningún tipo de seguimiento. Personas que no están en condiciones de convivir sin apoyo, pero que han sido dejadas a su suerte.
Las consecuencias ya están entre nosotros.
Padres que agreden a sus hijos. Hijos que terminan afectando a sus propios padres. Ciudadanos comunes que, sin buscarlo, se convierten en víctimas de episodios impredecibles en plena vía pública.
Hace apenas unos días, saliendo de un consultorio en la calle Pasteur, mi esposa y yo fuimos agredidos verbalmente por una persona con evidentes trastornos. En ese momento no pasó a más, pero la pregunta es inevitable: ¿qué hubiera ocurrido si esa persona hubiese tenido un objeto en las manos?
No es un caso aislado.
En Julio del año pasado, un joven con trastornos importantes, salió de su hogar tocando las puertas de sus vecinos y atacó con arma blanca, dejando como resultado varias personas heridas y una víctima fatal. Una tragedia que pudo haberse evitado con un sistema de seguimiento adecuado. Le sumamos al dolor de las víctimas el resultado de la sentencia dictada a favor del agresor.
También vemos con frecuencia personas lanzando piedras a vehículos, generando accidentes, poniendo en riesgo la vida de conductores y peatones. Y ante estos hechos, la respuesta institucional es prácticamente inexistente.
Las calles de nuestras ciudades deben ser seguras. Somos un país que vive del turismo, y si a los problemas ya existentes —la basura, el tránsito descontrolado y la delincuencia— le sumamos el abandono de personas con trastornos mentales sin tratamiento, la pregunta es: ¿hacia dónde vamos como sociedad?
La sensación en las calles es preocupante. Como si la sociedad hubiese normalizado el peligro. Como si la respuesta fuera simplemente: sálvese quien pueda.
Pero este no es un problema de las personas que padecen la enfermedad. Es un problema del sistema que las abandona.
Un enfermo mental no es culpable en el sentido pleno de sus actos cuando no está bajo control clínico. Pero eso no puede convertirse en una excusa para la inacción. Porque entonces, la responsabilidad se traslada a quienes tienen el deber de garantizar su cuidado: familiares, tutores y, sobre todo, el Estado.
No se puede permitir que personas con condiciones severas estén en las calles sin tratamiento, sin supervisión y sin ningún tipo de régimen de seguimiento obligatorio.
Esto no es solo un tema de salud. Es un tema de seguridad pública.
El Estado debe establecer mecanismos claros: identificación de casos de alto riesgo, seguimiento médico obligatorio, protocolos de intervención y, cuando sea necesario, centros de atención especializados que garanticen tanto el tratamiento digno del paciente como la seguridad de la sociedad.
Al mismo tiempo, debe existir un régimen de consecuencias real para quienes, teniendo la responsabilidad legal de un paciente en condiciones críticas, incumplan con su deber de cuidado.
Ignorar esta realidad no la hace desaparecer. La agrava.
Porque si no se actúa a tiempo, la respuesta no vendrá desde las instituciones, sino desde el dolor acumulado de las víctimas. Y esa respuesta, cuando nace de la desesperación, suele ser más dura, más desordenada y más peligrosa.
Estamos a tiempo de evitarlo.
Pero eso requiere voluntad, responsabilidad y, sobre todo, reconocer que la enfermedad mental no tratada no solo destruye vidas individuales, sino que termina afectando a toda la sociedad.