Este lunes, el Instituto Duartiano manifestó su inquietud ante lo que considera una tendencia del Poder Judicial a restar importancia a los valores religiosos y patrióticos en la administración de justicia. La entidad denunció irregularidades en el uso de los símbolos nacionales y cuestionó decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia.
En un comunicado, su presidente Wilson Gómez Ramírez señaló que en distintas salas de audiencias se exhiben versiones del escudo nacional que no cumplen con lo establecido en la Constitución y en la Ley 210-19 sobre Símbolos Patrios. También advirtió sobre la desaparición de crucifijos en los tribunales y la incorrecta colocación de la bandera nacional en algunos estrados.
El Instituto lamentó además que el escudo nacional, retirado hace más de cuatro años de la fachada del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, no haya sido repuesto ni se haya ofrecido una explicación oficial.
La organización también criticó la amonestación impuesta al juez Rigoberto Sena por citar a Juan Pablo Duarte en una reflexión judicial, señalando que la sanción desconoce el valor moral y doctrinal del fundador de la República y genera un efecto contrario al que se busca en materia de ética judicial.
En otro orden, Gómez Ramírez reconoció avances en la seguridad militar de la frontera durante el 2025, como la instalación de torres de vigilancia, el aumento de personal y la incorporación de nuevos equipos. Sin embargo, consideró que las medidas siguen siendo insuficientes y pidió al gobierno acciones más firmes, como la creación de viviendas para soldados destacados en la zona, replicando el modelo de San Isidro.
Asimismo, valoró el fortalecimiento de la Dirección General de Migración con nuevos equipos y programas de capacitación, pero advirtió que el desafío migratorio —especialmente el control de haitianos indocumentados— requiere mayor determinación estatal. Según el Instituto, persiste una falta de conciencia en sectores del país sobre los riesgos que implica la presencia masiva de migrantes ilegales, lo que genera presiones para debilitar la actuación de las autoridades.