Las universidades privadas Utesa y Uapa anunciaron aumentos en sus matrículas y costos académicos que entrarán en vigencia a partir de enero de 2026, una decisión que ha provocado inconformidad entre estudiantes de grado y posgrado, quienes denuncian alzas significativas sin mejoras visibles en la calidad de los servicios.
Los estudiantes de ambas instituciones cuestionaron los incrementos y señalan deficiencias en infraestructura, problemas en la modalidad virtual, falta de respuesta administrativa y debilidades en el desempeño docente.
En la República Dominicana no existe una normativa que limite los aumentos de matrícula o el precio por crédito en las universidades privadas, pese a que estas reciben exenciones fiscales y fondos públicos para investigación o programas académicos de interés nacional. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) supervisa la calidad académica, pero no regula las tarifas.
Utesa: tercer aumento en tres años
En el caso de Utesa, el costo del crédito pasará de 620 a 720 pesos en 2026, marcando el tercer incremento consecutivo desde 2023, cuando el precio era de 540 pesos.
Estudiantes de distintos recintos denuncian que el aumento no se corresponde con las condiciones del campus. Ailin Santana, alumna de Comunicación Social en el recinto Máximo Gómez, afirma que persisten problemas básicos como la falta de agua, jabón y limpieza en los baños, además de docentes que reducen las clases presenciales y se limitan a asignar tareas virtuales.
Otros estudiantes señalan cobros recurrentes por reinscripción y carné estudiantil, aun cuando se mantienen activos en los ciclos académicos. En el campus de Herrera, una estudiante de Medicina denuncia aulas en mal estado, filtraciones de agua, aires acondicionados dañados y ausencia de docentes en materias del pénsum. También cuestiona el cobro por alquiler de proyectores, a pesar de que estos servicios ya figuran en los pagos administrativos.
Asimismo, se denunció un caso en el que una estudiante con una lesión en la columna no recibió facilidades académicas y se le sugirió abandonar el cuatrimestre.
Desde la universidad, Ariana López, directora senior de Comunicaciones Corporativas de Utesa, explicó que el ajuste responde a un proceso de actualización para garantizar la calidad académica. Aseguró que se ofrecen facilidades de pago, ampliación de plazos sin recargos y opciones de crédito educativo, y que las denuncias sobre infraestructura serán evaluadas internamente.
Uapa: nuevo esquema por créditos
La Universidad Abierta para Adultos (Uapa) también aplicará aumentos desde enero de 2026, con un nuevo modelo de cobro basado en el costo por créditos, sustituyendo el esquema anterior.
Según el comunicado oficial, el reajuste se debe al aumento de los costos operativos, la incorporación de nuevas tecnologías y mejoras en infraestructura. En grado, el crédito tendrá un costo de 650 pesos, mientras que la reinscripción trimestral subirá a 4,425 pesos. En posgrado, el crédito costará 2,000 pesos, con aumentos también en admisión, tesis y derecho de graduación. El último ajuste de la Uapa había ocurrido en enero de 2023.
Estudiantes consultados califican los nuevos montos como excesivos, especialmente considerando que la modalidad es mayormente virtual. Winnifer Tapia, estudiante de Psicología Industrial, asegura que los pagos se han disparado sin beneficios visibles. Otros alumnos denuncian fallas constantes en la plataforma virtual, cobros por seguros que nunca se utilizan y clases sin encuentros regulares con los docentes.
Algunos estudiantes afirman que los cursos virtuales superan los 100 participantes por sección, con encuentros esporádicos y escasa retroalimentación académica. También reclaman una atención al cliente deficiente y poca disposición del profesorado para responder dudas.
Falta de regulación
En la práctica, los costos universitarios se establecen mediante contratos entre las instituciones y los estudiantes, amparados en la libertad de enseñanza y empresa. La Ley 139-01 regula el funcionamiento y reconocimiento de las universidades privadas, pero no establece topes ni controles sobre las variaciones tarifarias.
Aunque en años anteriores se han planteado iniciativas para regular cobros como la reinscripción, estas no han prosperado ni abordan directamente los aumentos de matrícula o créditos, dejando a los estudiantes sin mecanismos efectivos de protección ante incrementos recurrentes.