OPINIÓN, ANDRÉS AYBAR BÁEZ, para 7 Segundos Multimedia.- En muchos países, la presión del crecimiento poblacional ha obligado a replantear las leyes urbanísticas que, por su carácter arcaico, limitan innecesariamente la altura de los edificios y la densidad de construcción. Estas restricciones, que en su momento pudieron tener sentido, hoy desincentivan la inversión y provocan el deterioro progresivo de los barrios: casas vacías, terrenos ociosos y un paisaje urbano que se arrabaliza por falta de renovación.
La realidad es que la sociedad actual demanda más espacio habitable, viviendas dignas y áreas funcionales que respondan a sus necesidades. Mantener normas rígidas y desfasadas es ignorar esa necesidad y condenar a nuestros sectores a un estancamiento que afecta la calidad de vida y el valor patrimonial.
Experiencias internacionales muestran que la actualización de las normas urbanísticas puede revitalizar un sector sin perder su esencia histórica:
• Barcelona, España: Reformó sus normativas para permitir alturas mayores en zonas estratégicas, combinando preservación de fachadas históricas con edificios modernos en su interior. Esto multiplicó la oferta habitacional y reactivó la economía local.
• Ciudad de Panamá, Panamá: Eliminó límites de altura en varios barrios cercanos al centro, atrayendo inversiones y frenando el deterioro de zonas que estaban en abandono.
• Buenos Aires, Argentina: Implementó el concepto de “densificación inteligente”, aumentando pisos en avenidas y ejes principales, lo que permitió crear más viviendas sin saturar servicios básicos.
• Lisboa, Portugal: Modificó regulaciones para facilitar la reconversión de edificios antiguos en complejos residenciales y turísticos, salvando decenas de inmuebles del abandono.
Esto es exactamente lo que estamos viviendo en Gazcue, República Dominicana. El desarrollo no se puede represar indefinidamente: cuando se frena la inversión y se impide el crecimiento ordenado, se abre la puerta al abandono y al deterioro.
Es momento de revisar, actualizar y adaptar nuestras normas para que el progreso y la preservación del patrimonio puedan ir de la mano, construyendo una ciudad viva, funcional y sostenible.