El Cuarto Tribunal de Instrucción del Distrito Nacional, encabezado por la jueza Altagracia Ramírez, aceptó el desistimiento de las denuncias presentadas por la familia Mota contra José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, acusado en el caso Calamar.
Los Mota son uno de los grupos estafados con propiedades declaradas de interés público, donde se habrían realizado pagos ilícitos por un valor de casi 20,000 millones de pesos durante las administraciones del expresidente Danilo Medina.
Un total de once individuos, entre ellos tres hermanos, descartaron las denuncias presentadas contra Peralta, argumentando falta de evidencia. William Humberto Mota de la Cruz, Johanna Rosaly Mota Aponte, son los herederos de Cristiano Mota; Luis Julio Mota, Santiago Ubiera Mota, Gonzalo Ubiera Mota, Ana Celia Ubiera Mota, Jonathan Alexander Mota Guerrero, Yrene Ubiera de Mercedes, Edwin Javier Martínez Ubiera, César Javier Martínez Ubiera y Ángel Javier Martínez Ubiera.
«El proceso ha ido aclarando muchas cosas y nosotros hemos visto que algunas de las pruebas desvinculan totalmente al señor José Ramón Peralta, por lo tanto, esa decisión fue tomada precisamente por la falta de pruebas que nosotros encontramos», afirmó Martín Rubiera, abogado de los querellantes.
Pedro Balbuena, abogado del exsecretario de la Presidencia, describió este retiro como una evidencia de la insuficiencia de las acusaciones.
«No dudamos que en el futuro se sumen a esos querellantes que se retiran otros que también están por reconocer la inocencia de José Ramón Peralta en los hechos que dan lugar a esta persecución penal», dijo Pedro Balbuena, abogado de José Ramón Peralta.
El juzgado también aceptó la retirada de una denuncia en beneficio del letrado Ángel Lockward.
Simultáneamente, varios abogados pidieron la ampliación de los plazos para comunicar nuevas denuncias y la convocatoria, por medio de Cancillería, de César Emilio Rivas Martínez, uno de los imputados que reside en el extranjero, para su presentación en el próximo juicio.