Tras meses de debate, la Unión Europea aprobó una normativa que obligará a los fabricantes de teléfonos móviles a diseñar dispositivos con baterías fáciles de extraer y reemplazar por los propios usuarios. La medida, que entrará en vigor en 2027, marca un cambio significativo en la industria tecnológica y busca prolongar la vida útil de los equipos, reduciendo al mismo tiempo los desechos electrónicos.
La ley establece que las baterías deberán ser «fácilmente extraíbles» con herramientas comunes, como destornilladores estándar, sin necesidad de equipos especializados ni procedimientos complejos. En caso de requerir una herramienta específica, el fabricante estará obligado a incluirla gratuitamente junto con el producto o el repuesto.
Uno de los puntos más relevantes es la prohibición de las baterías adheridas con pegamento a la placa base, práctica que hasta ahora dificultaba el «derecho a reparar» de los consumidores. Asimismo, se prohíbe que el software limite el funcionamiento del dispositivo al detectar baterías no oficiales, cerrando la puerta a la práctica conocida como parts pairing.
La normativa también exige que los fabricantes ofrezcan instrucciones claras y accesibles para el reemplazo, tanto en el empaque como en línea, y que las baterías de repuesto estén disponibles durante al menos cinco años tras la salida del modelo al mercado, con precios razonables y no discriminatorios.
Con esta decisión, Europa busca marcar un precedente global en favor del derecho a reparar, la sostenibilidad y la protección del consumidor, obligando a la industria tecnológica a adaptarse a un futuro donde los dispositivos sean más duraderos y menos desechables.