Las deportaciones de extranjeros que esten en el pais y no esten debidamente documentados son legales. Sin embargo, las autoridades que están capacitadas para deportar a los ilegales que encuentren, le piden dinero para dejarlos, pero también entran a sus casas, se llevan pertenencias, dinero y lo que encuentren.
El accionar de las autoridades migratorias en los casos de deportaciones se ha vuelto objeto de controversia debido a las prácticas irregulares por parte de los agentes encargados de llevar a cabo este proceso. A diario, numerosas personas se manifiestan para denunciar prácticas ilicitas, que incluyen redadas indiscriminadas y la detención de ciudadanos en sus hogares de manera violenta.
La falta de transparencia en los procedimientos de deportación, junto con la violencia y el abuso de poder que se han documentado, generan una gran preocupacion hacia un sistema que debería proteger a los más vulnerables.
En necesario que las autoridades implementen medidas de rendición de cuentas y transparencia en sus operaciones, al igual que la capacitación adecuada de los agentes para asegurar el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.