El sistema penitenciario de la República Dominicana enfrenta serias dificultades, reflejadas en una sobrepoblación, condiciones inadecuadas y falta de recursos; organizaciones tanto nacionales como internacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la Organización de Estados Americanos (OEA), han documentado esta realidad preocupante.
La sobrepoblación es uno de los principales problemas, según datos de la Dirección General de Prisiones (DGPR), para finales de 2023, la población carcelaria superaba en un 13.4% la capacidad máxima, estimada en 25,000 plazas y la mayoría de los reclusos son hombres, representando el 95% de la población, mientras que las mujeres constituyen solo el 5%.
Al analizar las tasas de ocupación, algunas cárceles están significativamente superpobladas; por ejemplo, La Victoria cuenta con un 227% de ocupación, seguida de Najayo Hombres con un 193% y Dajabón con un 182%.
El Sistema Penitenciario y Correccional (SPC), para finales de 2023, la población carcelaria ascendía a 28,432 personas, superando en un 136% la capacidad del sistema, fijada en 13,250 plazas, la tasa de ocupación, con 215 reclusos por cada 100 plazas disponibles, una de las más altas en América Latina.
Condiciones de vida
Las cárceles enfrentan problemas en su infraestructura y condiciones de vida para los reclusos por la falta de mantenimiento que las ha llevado a una situación de deterioro, donde la escasez de espacio, la falta de higiene y el saneamiento precario son comunes.
A esto se suma la limitada atención médica disponible y la sobrepoblación agrava aún más la situación, creando un entorno de hacinamiento que propicia la violencia y la inseguridad dentro de las instalaciones.
La salud física y mental de los reclusos se ve afectada, aumentando el riesgo de enfermedades contagiosas y trastornos psicológicos; esta situación dificulta la implementación efectiva de programas de rehabilitación y reintegración social, lo que limita las oportunidades de los reclusos para reinsertarse en la sociedad una vez que cumplen sus condenas.
La situación carcelaria:
La tasa de reincidencia es del 25%, lo que significa que uno de cada cuatro reclusos vuelve a cometer delitos después de su liberación, se le atribuye a la falta de oportunidades de reintegración social, precariedad económica y persistencia en el consumo de drogas. Este ciclo de reincidencia alimenta la violencia y la criminalidad, complicando la seguridad pública y el desarrollo social.
De otro lado, la situación se ve agravada por una alta tasa de mortalidad, que alcanza los 60 por cada 100,000 reclusos, las causas principales de muerte incluyen enfermedades infecciosas, violencia entre reclusos y las deficientes condiciones sanitarias.
En cuanto al número de cárceles, el país cuenta con 42 en total, repartidas en las 32 provincias, de las cuales 25 son preventivas, 16 penitenciarias y 1 es para mujeres.
El presupuesto:
El presupuesto asignado no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de los reclusos ni para implementar programas de rehabilitación efectivos.
El Sistema Penitenciario y Carcelario (SPPC) para el año 2024 alcanza los RD$10,144,988,975, mostrando un incremento del 12.3% respecto al año anterior: el 33.8% se destina a alimentación, 15.7% a salud, 23.8% a personal, 8.0% a servicios públicos y 18.7% a equipamiento y mantenimiento.
Entre las provincias con mayor cantidad de cárceles se encuentran Santo Domingo con 10, Santiago con 5 y San Pedro de Macorís con 3.
El hacinamiento:
La Oficina Nacional de Defensa Pública, indica que el hacinamiento en el sistema penitenciario del país es del 147%, lo que significa que la cantidad de personas encarceladas supera con la capacidad de las prisiones.
Las cárceles más afectadas por esta situación son La Victoria, con un 300% de hacinamiento, seguida de Najayo Hombres (250%) y La Vega (220%), lo que aumenta el riesgo de enfermedades contagiosas y la incidencia de violencia y motines.
Organismos como la Oficina Nacional de Defensa Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han expresado su preocupación al respecto, mientras que organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de la ONU sobre Tortura han condenado estas condiciones; el hacinamiento carcelario no solo viola los derechos humanos de los reclusos, sino que también genera costos adicionales para el Estado y afecta la imagen del país a nivel internacional.
Reflexión final:
La situación actual del sistema penitenciario dominicano es preocupante y requiere acciones por parte del Estado para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y promover su reinserción social e invertir en la mejora de la infraestructura, aumento del personal calificado, implementación de programas de rehabilitación y asignación de un presupuesto adecuado.