OPINIÓN, SANTIAGO CASTILLO PARA 7 SEGUNDOS.- Mientras el país recibe con sorpresa la noticia de una reforma fiscal exprés y nuevas cargas tributarias, la discusión de fondo parece quedar relegada: ¿está el Gobierno atacando las causas de la pobreza o simplemente ampliando su aparato asistencial?
La verdadera reforma que necesita la República Dominicana no consiste en redistribuir impuestos para generar alivios temporales o simpatías electorales. La prioridad debería ser crear empleos de calidad, elevar los salarios y estimular la productividad, de manera que cada vez menos dominicanos dependan de la mano amiga del Estado.
En 2019, antes de la pandemia, el entonces programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) beneficiaba a aproximadamente 825 mil hogares dominicanos. Hoy, bajo la sombrilla de Supérate, esa cifra supera los 1.4 millones de familias. Esto significa que más de 600 mil hogares adicionales han pasado a formar parte de la red de asistencia social del Estado, un crecimiento cercano al 75 %.
Más llamativo aún es el comportamiento del gasto. Mientras PROSOLI ejecutaba entre RD$12,000 millones y RD$14,000 millones anuales en subsidios y transferencias, las asignaciones actuales de Supérate superan los RD$50,000 millones por año. En apenas siete años, el gasto prácticamente se ha cuadruplicado, muy por encima del crecimiento registrado en la cantidad de beneficiarios.
La tendencia también se observa en el sistema de salud. Según datos oficiales de SeNaSa, al 31 de agosto de 2020 el Régimen Subsidiado contaba con 3.7 millones de afiliados. Actualmente supera los 5.8 millones, lo que representa la incorporación de más de dos millones de personas adicionales al seguro público de salud. Solo en 2025, el Estado destinó más de RD$19,395 millones para financiar este régimen.
Esto significa que, únicamente durante el año fiscal 2025, el Gobierno Central destinó más de RD$70,000 millones al gasto social a través de Supérate y el Régimen Subsidiado de SeNaSa. Esta cifra no incluye los programas de asistencia que desarrollan otras instituciones públicas que, desnaturalizando las funciones para las cuales fueron creadas, han asumido labores de carácter asistencial que no les corresponden. Se trata de una problemática que merece un análisis aparte y que también representa miles de millones de pesos adicionales para los contribuyentes.
Por supuesto, ningún país puede prescindir de mecanismos de protección social dirigidos a los sectores más vulnerables. El problema surge cuando la expansión de los subsidios avanza a un ritmo superior al de la creación de empleos, la formalización laboral y el crecimiento de los ingresos de las familias.
La pregunta que merece una respuesta no es cuántos dominicanos reciben hoy una transferencia estatal, sino por qué cada vez más ciudadanos necesitan una. Porque el éxito de una política social no debería medirse por el tamaño de los programas de asistencia, sino por la capacidad de la economía para reducir la dependencia de ellos.