La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó la suspensión de la licitación mediante la cual el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) pretendía adquirir vehículos para uso institucional, en un proceso cuyo monto estimado asciende a RD$45,548,875.
La medida fue adoptada el 5 de octubre mediante el acto administrativo MONITOREO-14-2026, con el que el órgano rector dispuso detener el procedimiento identificado como CONAPE-CCC-LPN-2026-0005.
De acuerdo con la documentación del proceso, la contratación contemplaba la adquisición de diferentes tipos de vehículos, entre ellos cinco camionetas doble cabina 4×4, cinco jeepetas de cinco pasajeros y tres autobuses, además de otros vehículos incluidos en el proceso.
La DGCP cuestionó la forma en que CONAPE sustentó la necesidad de realizar la compra. Según las observaciones recogidas en el proceso de monitoreo, el estudio previo se limitaba a señalar que la adquisición buscaba garantizar la funcionalidad de la flotilla institucional, sin aportar un diagnóstico detallado que permitiera determinar la cantidad de vehículos disponibles, su antigüedad y las condiciones en que se encontraban.
El órgano rector también observó que la documentación no establecía con suficiente claridad la cantidad de unidades requeridas ni presentaba elementos que permitieran sustentar adecuadamente el monto estimado de la contratación.
Entre las inconsistencias señaladas figura además un error en la documentación relacionada con la fecha de firma del estudio previo, donde aparece consignado el 31 de febrero de 2026, una fecha inexistente.
La DGCP consideró que estas situaciones constituían incumplimientos sustanciales de las disposiciones de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento, por lo que ordenó suspender el procedimiento.
El proceso había sido publicado en agosto de 2026 y tenía como fecha límite para la presentación de ofertas el 23 de septiembre. Su valor estimado era de RD$45,548,875.
La suspensión se produce, además, en un contexto de restricciones gubernamentales para la adquisición de vehículos por parte de instituciones públicas. De acuerdo con reportes sobre el caso, CONAPE había obtenido autorización para continuar con el proceso pese a esas limitaciones.
Con la decisión de Contrataciones Públicas, el procedimiento queda paralizado mientras se mantienen vigentes las disposiciones adoptadas por el órgano rector.