OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ ([email protected]).- La historia reciente de la República Dominicana tiene un punto de quiebre que rara vez se menciona con la claridad necesaria: el deterioro institucional comenzó a acelerarse el día en que los políticos decidieron convertirse en empresarios y los empresarios, a su vez, en políticos. Ese cruce de caminos —aparentemente inocente al inicio— terminó abriendo un boquete profundo por donde se mezclaron intereses privados, decisiones públicas y ambiciones que todavía hoy marcan nuestra vida institucional y nuestras finanzas públicas.
Durante décadas, la política dominicana tuvo una lógica, imperfecta como toda obra humana, pero reconocible. Quienes se dedicaban a la vida pública lo hacían desde la militancia, la formación partidaria y la vocación de servicio. Los empresarios, por su parte, tenían su espacio propio: producir, invertir, generar empleo y asumir riesgos privados. Cada quien en su carril. Nada garantizaba pureza absoluta, pero había una frontera clara.
Esa frontera se rompió cuando algunos políticos comenzaron a utilizar sus cargos para estructurar negocios paralelos y cuando algunos empresarios entendieron que ocupar posiciones públicas era la vía más eficaz para proteger —o expandir— intereses particulares. Unos buscaban poder económico; otros buscaban poder político; ambos terminaron encontrándose en el mismo atajo.
Ese atajo fue el comienzo del deterioro
Lo que muchos interpretaron como “modernización” del país no fue más que la normalización del conflicto de intereses. En lugar de fortalecer la separación entre lo público y lo privado, la fusionamos. Y cuando se fusiona lo que debe permanecer separado, el resultado es siempre el mismo: el Estado pierde independencia, la política pierde credibilidad y el mercado pierde competencia.
La banca dominicana vio pronto las señales de alerta. En la evaluación moderna de riesgos, la dependencia excesiva de contratos estatales por parte de una empresa no se considera garantía alguna; se considera un riesgo. No por sospecha inmediata, sino porque cuando una compañía vive de relaciones políticas, su estabilidad depende de factores que nada tienen que ver con su eficiencia o competitividad. Esa dependencia abre puertas que no deberían existir y crea vínculos que presionan ambas direcciones: funcionarios inclinados a favorecer, y empresarios inclinados a agradecer.
Esa mezcla ha tenido un costo profundo para el país: déficits crecientes, contrataciones sin calidad, inversión pública distorsionada, sobrevaluaciones normalizadas, competencia desleal contra quienes sí trabajan con transparencia, y un gasto público que muchas veces termina sirviendo a intereses particulares antes que al ciudadano. El daño económico es evidente, pero el daño cultural es mayor: un país comienza a fallar cuando sus ciudadanos dejan de creer en sus propias instituciones.
Y, sin embargo, soy de los que todavía cree que este rumbo se puede corregir. Pero para hacerlo es necesario decir con franqueza que uno de nuestros grandes males ha sido permitir que los límites entre negocios privados y responsabilidades públicas se desdibujen hasta desaparecer.
Un país sano necesita reglas claras:
el político debe dedicarse a servir;
el empresario debe dedicarse a producir;
y el Estado debe tratar a todos por igual.
No es una utopía. Es simplemente el orden natural de las cosas. Cuando se respeta ese orden, las finanzas públicas se fortalecen, el sector privado compite en igualdad de condiciones y la corrupción estructural pierde oxígeno.
Ojalá esta etapa que vivimos sirva, al menos, para despertar esa conciencia colectiva: la República Dominicana no podrá avanzar sosteniblemente hasta que no recuperemos la separación entre poder político y negocio privado. Fue ahí donde comenzó el deterioro, y será ahí donde comenzará la reparación.
