OPINIÓN, ANDRÉS A AYBAR BAEZ, PARA 7 SEGUNDOS.- En toda institución pública o privada bien gobernada, la responsabilidad no termina en la figura del administrador. Tampoco se agota en la Junta de Directores o Consejo de Administración. En los sectores más sensibles —como salud y finanzas— existe un tercer actor que no puede quedar al margen: el regulador, llamado precisamente a supervisar porque está en juego el bienestar de personas, ahorros, pensiones y, en muchos casos, vidas humanas.
El administrador ejecuta. El Consejo decide, orienta y supervisa. Y el regulador vigila que ambos cumplan la ley, los estándares técnicos y los principios de prudencia. Cuando esta tríada se rompe y la responsabilidad se concentra solo en el ejecutor, lo que se produce no es justicia ni depuración institucional, sino una simulación conveniente.
Resulta insostenible que, cuando una institución funciona sin tropiezos, los beneficios políticos, reputacionales y económicos recaigan en los Consejos, mientras el regulador se limita a informes rutinarios; pero cuando el sistema colapsa, toda la carga penal, mediática y administrativa se descargue sobre el administrador de turno. Esa narrativa ignora una verdad elemental: en sectores vulnerables no basta con “administrar”, hay que prevenir, y la prevención es una responsabilidad compartida.
En el ámbito de la salud y las finanzas, el regulador no es un espectador. Su rol existe porque el mercado, por sí solo, no protege adecuadamente al ciudadano. Está llamado a emitir alertas tempranas, exigir correctivos, ordenar auditorías, imponer sanciones oportunas y, si es necesario, intervenir antes de que el daño sea irreversible. Cuando el regulador falla por acción u omisión, esa falla no es menor: amplifica el riesgo sistémico y erosiona la confianza pública.
El derecho comparado ha sido claro en este punto. Los estándares internacionales de gobernanza, incluidos los promovidos por la OCDE, reconocen que la supervisión efectiva es parte integral del sistema de responsabilidad. Un Consejo que no controla y un regulador que no supervisa no pueden esconderse detrás de un administrador caído en desgracia. La pasividad institucional también genera responsabilidad.
Sin embargo, en muchos países —y el nuestro no es ajeno a ello— se ha normalizado una peligrosa asimetría: Consejos que validan decisiones sin profundizar, reguladores que reaccionan tarde o miran hacia otro lado, y administradores que terminan pagando solos el precio de una cadena de omisiones. Esta práctica no corrige el sistema; lo perpetúa.
La verdadera depuración corporativa e institucional del Estado exige revisar este esquema con valentía. Exige entender que, en sectores vulnerables, la responsabilidad es escalonada pero también compartida. No puede haber sanción ejemplar sin revisar el rol del Consejo que aprobó, del comité de auditoría que no alertó y del regulador que no actuó a tiempo. De lo contrario, seguiremos castigando síntomas y no causas.
Mientras los Consejos sigan siendo espacios de formalidad y los reguladores simples reaccionadores de crisis, el administrador seguirá siendo el fusible que se quema para salvar al sistema. Y un Estado que protege estructuras en lugar de proteger ciudadanos termina perdiendo lo más valioso: la confianza.