Abogado, exbanquero y ciudadano comprometido para 7 SEGUNDOS
OPINIÓN, ANDRÉS AYBAR BÁEZ, para 7 SEGUNDOS. – En el curso de la historia, se ha comprobado que los países más prósperos y funcionales no son necesariamente aquellos con más leyes, sino aquellos con leyes claras, simples y estables. La sobreproducción legislativa no es sinónimo de desarrollo; al contrario, muchas veces se convierte en un obstáculo para la innovación, la inversión y la buena gestión pública.
Basta observar los modelos de países como Suiza, Singapur o incluso los países escandinavos, donde la estabilidad normativa y la simplicidad regulatoria han sido pilares del crecimiento sostenido. En Suiza, por ejemplo, existe una cultura de mínima intervención estatal, donde las leyes tienden a ser pocas, bien pensadas y duraderas. En Singapur, el marco legal es extremadamente eficiente, y se revisan leyes obsoletas con regularidad para no entorpecer el dinamismo económico.
En contraste, en la República Dominicana vivimos atrapados en una tendencia contraria: legislar por legislar, como si el simple acto de producir leyes fuera el remedio para todos nuestros males. En cada legislatura se aprueban docenas de leyes, muchas de ellas innecesarias, inaplicables o repetitivas. Y lo que es peor, en un país con graves limitaciones presupuestarias y operativas, seguimos asignando recursos para implementar normas que en la práctica no resuelven problemas reales, sino que crean nuevos trámites, duplicidades y trabas burocráticas.
Peor aún, tenemos un Congreso sobredimensionado para la escala de nuestro país, con 190 diputados y 32 senadores, cuyos incentivos siguen orientados a la producción legislativa cuantitativa, no cualitativa. El resultado es un mar de leyes mal redactadas, descoordinadas entre sí o imposibles de cumplir, lo que genera inseguridad jurídica y ahuyenta la inversión.
Ha llegado el momento de pedir al Congreso menos leyes y más calidad legislativa. En vez de exigirles a nuestros legisladores “¿qué leyes nuevas presentaste?”, deberíamos premiar al que más contribuye a derogar, simplificar o consolidar leyes obsoletas o contradictorias. Es hora de cambiar la métrica: no más leyes por cumplir metas políticas, sino menos leyes con más impacto real.
Los dominicanos no necesitamos una nueva ley para cada problema. Lo que necesitamos es que las leyes que ya existen se apliquen bien, con justicia, eficacia y sentido común. Y también que se eliminen todas aquellas que ya no tienen razón de ser, que dificultan el emprendimiento, encarecen los costos del Estado o simplemente llenan páginas del Diario Oficial para luego dormir en los archivos del olvido.
Este llamado no es contra la ley, sino a favor de la buena ley. A favor de una legislación útil, ordenada y limitada a lo esencial. Como decía Montesquieu: “Las leyes inútiles debilitan las necesarias.”
Por el bien de la Nación, hagamos de la simplicidad normativa una causa nacional.