OPINIÓN, FÉLIX CORREA, PARA 7 SEGUNDOS.- En la República Dominicana, cuando ocurre un accidente de tránsito con personas lesionadas o fallecidas, es normal que las autoridades retengan los vehículos involucrados como parte del proceso de investigación. Esa actuación tiene una razón válida y necesaria: garantizar que se pueda determinar responsabilidad y preservar las evidencias del caso.

Sin embargo, dentro de esa realidad existe una situación que afecta silenciosamente a cientos de conductores asegurados y que merece ser analizada con una visión práctica y constructiva.

El problema comienza desde el momento en que el vehículo es trasladado y retenido por la Fiscalía. A partir de ahí, el tiempo empieza a correr, pero el proceso del seguro prácticamente se detiene. Ni la aseguradora puede realizar la evaluación correspondiente, ni el taller puede inspeccionar los daños, ni se puede iniciar el proceso de autorización y reparación.

Mientras tanto, los días continúan avanzando.

Y precisamente ahí nace una dificultad importante para el asegurado: el tiempo sin movilidad.

Muchos conductores cuentan con pólizas full que incluyen beneficios como plan renta o vehículo sustituto por una cantidad limitada de días. Sin embargo, esos días suelen empezar a consumirse mientras el vehículo todavía permanece retenido, incluso antes de iniciar la reparación.

En otras palabras, el cliente pierde tiempo valioso sin que el proceso técnico haya comenzado realmente.

A esto se suma otra realidad: actualmente las piezas de muchos vehículos pueden tardar semanas en llegar, especialmente en unidades modernas o de categorías específicas. Si además se agregan los días de retención, los días de espera por piezas y finalmente los días de reparación, el resultado puede convertirse en un largo período sin vehículo para el asegurado.

Y esto no solo impacta comodidad; también afecta productividad, trabajo, familia y estabilidad económica.

Por eso, más que una crítica al sistema, esta reflexión busca convertirse en una propuesta.

Sería de gran valor que las autoridades y el sector asegurador pudieran evaluar mecanismos que permitan que, aun cuando un vehículo permanezca retenido por fines investigativos, las aseguradoras tengan autorización para iniciar ciertos procesos técnicos y administrativos.

Por ejemplo:

  • Permitir inspecciones preliminares de los ajustadores.
  • Autorizar levantamientos fotográficos y evaluaciones técnicas.
  • Facilitar cotizaciones anticipadas de piezas y mano de obra.
  • Permitir que los talleres puedan adelantar diagnósticos.
  • Incluso estudiar la posibilidad de liberar procesos parciales mientras concluye la investigación judicial.

Este tipo de coordinación no afectaría necesariamente el proceso legal, pero sí podría reducir significativamente el tiempo de respuesta hacia el ciudadano.

Al final, el vehículo retenido no deja de ser una propiedad privada asegurada, y el conductor, aun en medio de una investigación, continúa teniendo necesidades de movilidad y compromisos diarios.

La modernización de los procesos también debe incluir sensibilidad hacia el tiempo del asegurado.

Porque cuando un vehículo permanece detenido durante semanas sin que pueda avanzar el proceso de reclamación, la pérdida no solo está en los daños del accidente. También está en los días acumulados de espera, incertidumbre y limitaciones que vive quien depende de ese vehículo para continuar su vida normal.

Buscar soluciones coordinadas entre Fiscalía, aseguradoras y talleres podría representar un avance importante para todos: más eficiencia para el sistema, más organización en los procesos y, sobre todo, una mejor respuesta para el ciudadano.