El contrato para la renovación de la cédula de identidad y electoral en la República Dominicana, firmado por la Junta Central Electoral (JCE), no solo abarca la producción de nuevos documentos, sino que se extiende por un periodo de 10 años, dejando un amplio margen para que el monto inicial de 3,361.5 millones de pesos crezca considerablemente.
Aunque la renovación de la cédula se llevará a cabo en un año, la JCE se comprometió a continuar “girando órdenes de compra” a lo largo de toda la década para cubrir la demanda de equipos, materiales y servicios relacionados con la emisión del documento. Esto significa que el contrato firmado con la empresa Copy Solutions Internacional, encargada de la impresión, no es un monto fijo, sino que tiene el potencial de aumentar en función de la necesidad de más cédulas y productos asociados.
Por ejemplo, si la demanda supera los ocho millones de cédulas inicialmente licitadas, Emdoc, la empresa adjudicataria, deberá suplir las cantidades adicionales al mismo costo unitario de RD$156, ajustable según la inflación. Esta cláusula deja abierta la posibilidad de que el contrato se expanda, especialmente si la demanda de cédulas digitales, que aún no ha alcanzado los 800,000 documentos solicitados, se incrementa en los próximos años.
Además, los servicios de mantenimiento y soporte técnico para los equipos de impresión, previstos por un periodo de dos años, también podrán ser extendidos al mismo costo, con ajustes por inflación. La JCE se asegura así de mantener la operatividad del sistema sin necesidad de renegociar cada aspecto del contrato.
El contrato podría llegar a alcanzar cifras mayores
Con el paso de los años, el contrato podría llegar a alcanzar cifras mucho mayores que los 3,361.5 millones inicialmente establecidos, lo que genera interrogantes sobre las implicaciones a largo plazo de este acuerdo. La dependencia de equipos y servicios específicos, como las 214 impresoras de alta gama adquiridas por más de 1,000 millones de pesos, también abre la puerta a posibles aumentos en los costos operativos.
Además, el contrato establece que Emdoc deberá transferir a la JCE toda la tecnología, conocimientos y capacitaciones necesarias para que la institución pueda operar y mantener los dispositivos por sí misma. Sin embargo, la duración del acuerdo también garantiza que Emdoc mantendrá el control sobre los dispositivos y sistemas durante toda la vigencia del contrato, asegurando su presencia continua durante los próximos diez años.
Este contrato no solo implica un cambio de formato en la cédula, sino también una modernización tecnológica que, aunque necesaria, podría generar un aumento sustancial en los costos del Estado si la demanda crece aún más de lo previsto. La JCE, por su parte, mantiene el control total sobre los datos y la confidencialidad del proceso, mientras que Emdoc deberá cumplir con estrictas condiciones de seguridad y calidad durante toda la duración del acuerdo.
El contrato de 10 años para la renovación de la cédula de identidad no solo cubre el suministro inmediato, sino que está diseñado para crecer y adaptarse a futuras necesidades, dejando abierta la posibilidad de una expansión significativa a lo largo de la próxima década.