OPINIÓN, ANDRÉS AYBAR BÁEZ, Ex-Presidente Ejecutivo del Banco Mercantil.- Llego a Ginebra con una idea clara rondándome la cabeza. Esta ciudad —discreta, ordenada, sobria— no se construyó sobre discursos grandilocuentes, sino sobre confianza. Aquí, el sistema financiero no es un accesorio del poder: es un pilar silencioso de la economía real. No por casualidad, alrededor del Banco Nacional Suizo y de sus instituciones se articuló, durante décadas, una reputación basada en reglas claras, sanciones efectivas y una noción casi cultural de responsabilidad.
Ese contraste me sirve de símil para el tema que nos ocupa. Hay asuntos con los que un país no puede jugar. Uno de ellos —quizá el más sensible— es la propagación irresponsable de rumores contra instituciones financieras. La historia reciente de la República Dominicana nos enseñó, con dolor y alto costo social, que la ligereza, la maledicencia y la desinformación pueden destruir confianza en cuestión de horas… y levantarla toma años.
Por eso preocupa —y ocupa— que, aun existiendo videos, audios y escritos claramente identificables, no se perciban con nitidez los sometimientos judiciales correspondientes contra quienes, de manera deliberada, han sembrado rumores capaces de afectar la estabilidad institucional. En este terreno no debe haber ambigüedades.
La Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 es clara: protege el sistema financiero, la confianza de los depositantes y la estabilidad macroeconómica del país. No es una ley decorativa ni retórica. Es un instrumento para actuar con energía, precisamente para evitar pánicos inducidos, corridas injustificadas y daños irreparables a la economía nacional.
Hablar de esto no es un ejercicio teórico para mí
Fui testigo y víctima directa de lo ocurrido en 2003, cuando se disfrazaron prácticas supuestamente irregulares bajo nombres elegantes —“ingeniería financiera”, “doble contabilidad”, “operaciones a vinculados”— que terminaron siendo corridas de depósitos sin respaldo, ante autoridades que no actuaron con la firmeza debida con el rumor público. El resultado lo pagó el país entero: inflación, empobrecimiento, pérdida de ahorros y una herida profunda en la confianza colectiva.
Y aquí vuelve el paralelismo con Ginebra. Tras siglos de persecuciones y destierros, los sefardíes encontraron en la banca, el comercio y la letra escrita un espacio de reconstrucción. Su mayor capital no fue el oro, sino la credibilidad. Donde esa credibilidad se protegió con normas y sanciones, floreció la prosperidad. Donde se relativizó, llegó el colapso. La historia económica europea está llena de ambos ejemplos.
Por eso hoy, con la experiencia que dan los años y la memoria intacta, afirmo sin estridencias pero con claridad: no hay espacio para tolerar rumores financieros. No es censura; es responsabilidad. No es persecución; es prevención. Cuando los hechos están documentados —y lo están— corresponde proceder con los sometimientos, aplicar la ley y enviar un mensaje inequívoco: la estabilidad del sistema financiero no se negocia.
Salvar a los bancos es salvar al país. Castigar a los difamadores no es un exceso: es una obligación institucional. La confianza es el activo más frágil de una economía, y una vez rota, el daño se multiplica en los hogares, en las empresas y en la paz social.
La lección ya la aprendimos una vez. No podemos permitirnos repetir el error.