La red de clínicas Maine Family Planning, que brinda atención médica sexual y servicios de aborto en el estado de Maine y atiende a residentes de bajos ingresos, anunció que suspenderá sus servicios este viernes, tras un fallo judicial que permite a la administración del presidente anular el financiamiento de Medicaid a proveedores de servicios abortivos.
El presidente de la organización, que dirige 18 clínicas en el estado, George Hill, afirmó que los abortos representan un porcentaje relativamente pequeño de sus servicios generales, que también incluyen exámenes de detección de cáncer, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y anticoncepción.
La decisión fue tomada debido a la aplicación de la Ley HR1, promulgada por Trump durante el verano, la cual establece que los centros médicos que hayan recibido al menos 800,000 dólares en reembolsos de Medicaid en 2023 no pueden seguir recibiendo fondos federales si brindan servicios de aborto.
El Centro para los Derechos Reproductivos (CRR) presentó una demanda para restituir los fondos, pero un juez dictaminó en agosto que, tras la anulación de Roe v. Wade, el Congreso puede “retener fondos federales y desvincularse de conductas que no están consagradas”, lo que permitió a la administración Trump mantener la decisión.