Un tribunal del Distrito Nacional impuso este lunes una medida de coerción contra el comunicador Aquiles Jiménez, consistente en el pago de una garantía económica de RD$1.5 millones, a través de una compañía aseguradora, por una querella por difamación e injuria interpuesta por la periodista Alicia Ortega y su esposo, el empresario de medios Fernando Hasbún.
La decisión fue adoptada por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien también dictó impedimento de salida del país y presentación periódica como parte de las condiciones impuestas a Jiménez mientras se desarrolla la investigación.
Múltiples procesos judiciales
Esta querella se suma a más de una docena de procesos judiciales que enfrenta Aquiles Jiménez por presunta difamación e injuria, en su mayoría vinculados a publicaciones en redes sociales y medios digitales.
El comunicador ha sido objeto de acciones legales por parte de figuras públicas, incluyendo comunicadores, empresarios y funcionarios, quienes alegan haber sido objeto de ataques personales y afirmaciones falsas.
En la mira por caso de corrupción
Además de las querellas por difamación, Jiménez también figura como parte de una investigación por corrupción relacionada con el proceso de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, en un expediente que involucra al empresario Jochi Gómez y al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras.
Las autoridades indagan presuntas irregularidades en contratos millonarios vinculados a dicho proyecto, por lo que Jiménez ha sido citado por el Ministerio Público para responder sobre su posible vinculación.
Proceso continúa
La imposición de esta nueva medida de coerción marca un nuevo capítulo en la serie de controversias judiciales en las que se ha visto envuelto Aquiles Jiménez. La investigación en torno a la querella presentada por Ortega y Hasbún continúa abierta, y se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevas diligencias procesales.