SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó un proyecto de ley que establece una serie de beneficios para los ciudadanos que voten en los procesos electorales. La propuesta legislativa fue introducida por congresistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de la Fuerza del Pueblo (FP), bajo el nombre de Ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable.
Según el texto aprobado, los ciudadanos que acudan a las urnas recibirán incentivos como la exoneración del pago por la expedición de cédulas por pérdida o deterioro, así como de certificaciones de cédula y actas de nacimiento emitidas por la Junta Central Electoral (JCE). También se contempla un descuento del 15 % en la renovación o expedición de pasaportes personales.
Asimismo, se otorgará gratuitamente el certificado de no antecedentes penales y el de vida y costumbre solicitados tras las elecciones. El proyecto también incluye un descuento del 25 % en el costo de la matrícula en universidades públicas y centros de educación superior del Estado. Las instituciones privadas podrán ofrecer descuentos voluntarios a votantes que presenten constancia de participación electoral.
Otros beneficios para los ciudadanos que ejerzan el voto
En el ámbito laboral, se dispone de un descanso remunerado de media jornada para empleados formales que hayan votado, el cual podrá disfrutarse dentro de los 30 días posteriores a los comicios, previa coordinación con el empleador.
Además, los ciudadanos que hayan votado recibirán prioridad en caso de empate en concursos públicos para empleos estatales, becas, adjudicación de obras, programas sociales o planes de vivienda, por encima de quienes no hayan ejercido su derecho al voto.
Sin embargo, la medida ha generado reacciones críticas. El exdiputado Rafael Méndez, dirigente de la Fuerza del Pueblo, advirtió sobre las implicaciones éticas de la propuesta. “El sufragio no debe ser premiado ni comprado”, expresó. Desde Neyba, Bahoruco, Méndez señaló que la legislación puede convertirse en una forma de presión hacia sectores vulnerables.
“Premiar el cumplimiento de un deber, en lugar de estimularlo por convicción, equivale a institucionalizar el clientelismo y abrir paso a nuevas formas de manipulación electoral”, añadió.
El ex-legislador pidió al Senado rechazar la iniciativa, argumentando que “la democracia no se fortalece repartiendo recompensas, sino garantizando instituciones confiables, promoviendo la educación política y devolviendo al ciudadano la confianza en su poder de decisión libre y soberana”.