WASHINGTON, D.C.- El Congreso de Estados Unidos aprobó el viernes un paquete de recortes presupuestarios que elimina más de 1,000 millones de dólares destinados a la Corporación de Radiodifusión Pública (CPB), entidad responsable de financiar la Radio Nacional Pública (NPR) y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS).
La decisión, impulsada por la administración del presidente Donald Trump y ratificada por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, forma parte de un ajuste de 9,000 millones de dólares en gasto público destinado a comunicación y ayuda exterior.
El recorte afectará a más de 1,500 estaciones afiliadas a NPR y PBS en todo el país, principalmente a aquellas que operan en comunidades rurales, zonas con poca población y áreas indígenas. Patricia Harrison, consejera delegada de la CPB, advirtió que la medida limitará el acceso a contenido educativo y noticioso confiable, dificultando que millones de ciudadanos tomen decisiones informadas. “Los padres tendrán acceso a menos recursos educativos de calidad para sus hijos”, señaló Harrison.
Análisis de otros medios y especialistas
Un análisis citado por The New York Times estima que más de 100 estaciones pequeñas podrían cerrar cuando los recortes entren en vigor. Esto reducirá además la compra de programación nacional, afectando los ingresos de NPR y PBS. Aunque la financiación federal representa solo el 1 % del presupuesto de NPR, las cuotas pagadas por estaciones afiliadas suponen el 30 % de sus ingresos, según cifras de la propia emisora.
La presidenta de PBS, Paula Kerger, indicó que la decisión «va en contra de la voluntad de los estadounidenses» y tendrá un efecto «devastador» en estaciones pequeñas, muchas de las cuales ofrecen programación local gratuita y alertas de emergencia. Katherine Maher, directora ejecutiva de NPR, agregó que “tres de cada cuatro estadounidenses dependen de las estaciones públicas para recibir alertas de emergencia y noticias que impactan su seguridad”.
Desde hace años, sectores conservadores han cuestionado el financiamiento estatal a los medios públicos. El instituto CATO ha defendido que estos deben operar bajo las reglas del mercado. Por su parte, el presidente Trump ha acusado a NPR, PBS y la emisora internacional Voice of America de mantener un sesgo izquierdista y promover “propaganda”, justificando así la eliminación de fondos como parte de un ajuste ideológico más amplio.