OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ PARA 7 SEGUNDOS MULTIMEDIA.- Hoy escuché una declaración de un prestigioso abogado penalista que representó al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos durante la crisis bancaria dominicana de 2003.
Según manifestó, en la investigación del caso del banco más grande involucrado en aquella crisis se habían identificado 105 personas que podían ser procesadas penalmente. Sin embargo, para simplificar el expediente y facilitar la obtención de una sentencia, solamente cinco fueron sometidas a la justicia.
La revelación merece una profunda reflexión nacional.
¿Quién decidió que cinco debían responder ante los tribunales y los otros cien no? ¿Cuáles fueron los criterios jurídicos? ¿Se trató de insuficiencia de pruebas o de una selección por conveniencia procesal?
Como abogado, banquero y ciudadano, considero que la justicia no puede administrarse mediante una selección arbitraria de los posibles responsables.
Naturalmente, identificar a 105 personas no significa que todas fueran culpables. Pero si existían pruebas suficientes contra un número mayor de involucrados, ¿con qué fundamento se limitó la persecución penal a solamente cinco?
La eficiencia judicial jamás puede justificar la desigualdad ante la ley.
Una sentencia condenatoria puede ser jurídicamente válida y, sin embargo, dejar abiertas interrogantes sobre la objetividad y el alcance de la investigación.
Han transcurrido 23 años y la sociedad dominicana tiene derecho a conocer cómo se adoptaron aquellas decisiones.
No se trata de defender culpables ni de cuestionar por principio las sentencias dictadas. Se trata de algo mucho más trascendente: determinar si realmente se hizo justicia o si se privilegió la obtención de condenas sobre una investigación integral de las responsabilidades.
La justicia no puede convertirse en el privilegio de unos ni en el castigo selectivo de otros.
Si aquella decisión obedeció exclusivamente a criterios jurídicos y probatorios, debe poder explicarse. Pero si prevaleció la conveniencia de simplificar el expediente, estaríamos ante un precedente profundamente preocupante para la institucionalidad dominicana.
A mis 75 años, después de una vida vinculada a la banca, al derecho y a la docencia, creo que nuestro país merece hacerse una pregunta incómoda:
¿Cuántas veces hemos confundido obtener una condena con hacer verdadera justicia?
Porque condenar a cinco personas, cuando se habían identificado 105 potencialmente procesables, no demuestra por sí solo que se haya hecho justicia con todos.
Una justicia que escoge arbitrariamente a quién perseguir no es justicia: es poder administrado selectivamente.