SANTO DOMINGO, RD.– La empresa Central Romana rechazó las acusaciones del grupo humanitario Corporate Accountability Lab (CAL) sobre la supuesta persistencia de “trabajo forzoso” en sus campos de caña y calificó el informe de “malintencionado” y “completamente difamatorio”.
A través de una carta enviada al director de Listín Diario, Miguel Franjul, el vicepresidente de Central Romana, Jorge A. Sturla, afirmó que la empresa ya dio curso legal a las acusaciones y sostuvo que estas buscan “interferir y afectar” al sector azucarero dominicano.
La compañía explicó que registra a sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) cuando su situación migratoria está regularizada, debido a que el sistema exige documentación para formalizar el registro. Sin embargo, aseguró que no diferencia los salarios ni realiza deducciones a quienes no están inscritos.
Central Romana también afirmó que sus trabajadores cañeros reciben remuneraciones superiores al salario mínimo establecido para el sector azucarero y que tienen libertad de asociación en el Sindicato Unido de Trabajadores, organización con la que mantiene un pacto colectivo desde 1966.
Según la empresa, ese acuerdo contempla aumentos salariales y beneficios adicionales, incluyendo bonificaciones superiores a las establecidas legalmente al finalizar cada zafra.
Sobre la atención sanitaria, Central Romana señaló que proporciona seguro médico privado a trabajadores agrícolas que no están cubiertos por la seguridad social, mediante un acuerdo con ARS Abel González, sin descontar su costo de los salarios.
Además, indicó que dispone de dos subcentros médicos que ofrecen atención primaria y medicamentos gratuitos a empleados y familiares, así como tres unidades médicas móviles que recorren diariamente las comunidades cañeras.
La empresa agregó que, cuando un paciente requiere atención especializada, es trasladado en ambulancias propias hacia centros hospitalarios o el Centro Médico Central Romana, en La Romana.
Central Romana sostuvo que estas acciones forman parte de su política de responsabilidad social y afirmó que las acusaciones afectan no solo a la compañía, sino también la imagen y capacidad productiva de República Dominicana.