El Tribunal Constitucional rechazó un recurso presentado por la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) y dejó en firme una decisión que ordena al Estado dominicano pagar más de RD$340 millones a los herederos de la propietaria original de unos terrenos vinculados al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
La disputa se remonta a más de seis décadas, cuando el Estado declaró de utilidad pública extensas áreas para desarrollar el entonces Parque Central Metropolitano, proyecto que posteriormente dio paso a instalaciones que hoy forman parte del principal complejo deportivo del país.
Según el proceso judicial, los herederos reclamaron el pago del justiprecio correspondiente a los terrenos ocupados, obteniendo una sentencia favorable del Tribunal Superior Administrativo (TSA). Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia rechazó revisar esa decisión, criterio que ahora fue respaldado por el Tribunal Constitucional.
Otro litigio millonario ligado al Centro Olímpico
El caso se suma a otros conflictos judiciales relacionados con propiedades utilizadas para la construcción de instalaciones deportivas estatales. Entre ellos figura una sentencia emitida en 2023 que reconoció una indemnización de más de RD$472 millones a favor del empresario José Ramón Borrell Ponce por terrenos ubicados dentro del área donde opera el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
La decisión representa un nuevo revés para el Estado en los litigios vinculados a terrenos incorporados al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, complejo que actualmente alberga importantes obras de remodelación y adecuación con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
El conflicto tiene su origen en 1964, cuando mediante el Decreto 1886 el gobierno del Triunvirato declaró de utilidad pública más de 15 mil metros cuadrados propiedad de Nelly Elidia Pellerano de Ricart para el desarrollo del entonces Parque Central Metropolitano, área donde posteriormente se construyó el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Aunque en 1993 el Estado entregó un apartamento como parte de una permuta acordada con la propietaria, quedó pendiente una compensación económica que nunca fue saldada. Ante esa situación, los herederos acudieron a los tribunales en 2021 para reclamar el pago correspondiente, obteniendo finalmente una indemnización de RD$340,736,293.72, monto que fue ratificado tras el rechazo del recurso presentado por Bienes Nacionales.