OPINIÓN, CHESARE CABRERA PARA 7 SEGUNDOS.- Hay preguntas que un Estado moderno debería poder responder sin titubeos. Una de ellas es tan básica como necesaria. ¿Cuántas personas trabajan para el Estado dominicano?
Sin embargo, el propio Ministerio de Administración Pública (MAP) ha reconocido las dificultades para determinar con exactitud esa cifra. El ministro Sigmund Freund explicó que las instituciones públicas no están completamente conectadas mediante un sistema que permita cruzar y depurar sus registros, por lo que las cifras pueden presentar diferencias de 5,000, 6,000 o hasta 10,000 empleados, dependiendo de la fuente consultada.
Esto no es un detalle menor. Estamos hablando de personas que reciben recursos provenientes del presupuesto público y, por tanto, de impuestos que pagan los ciudadanos. Saber quiénes forman parte de la administración pública y cuántos son debería ser una información básica para garantizar transparencia, planificación y control.
Una cifra que tampoco es definitiva
El Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) registraba 492,032 empleados hasta mayo de 2026. Pero esa cifra no representa necesariamente a todos los trabajadores estatales, debido a que existen instituciones que todavía no forman parte del sistema.
La Tesorería de la Seguridad Social (TSS), por su parte, tampoco puede ofrecer una respuesta definitiva. La entidad ha explicado que procesa los datos que declara cada empleador y que no tiene la responsabilidad de elaborar ni controlar las nóminas de las instituciones públicas.
Entonces, si el MAP no tiene una cifra exacta y la TSS tampoco puede determinarla, la pregunta vuelve a surgir: ¿quién tiene el dato completo?
¿Es ilegal no tener una cifra exacta?
Que el Estado no disponga de una cifra consolidada no significa, por sí solo, que exista una violación de la ley. Pero tampoco puede ignorarse que la legislación dominicana establece mecanismos para registrar, administrar y controlar a los servidores públicos.
La Ley 41-08 de Función Pública establece las bases para la gestión de los recursos humanos del Estado. Además, el MAP es el órgano rector de la función pública y cuenta con herramientas destinadas precisamente a administrar y controlar la información de los servidores y las nóminas.
Por eso, el problema no parece estar en la ausencia de normas, sino en la dificultad para hacer que los sistemas funcionen de manera integrada. Una cosa es que existan diferentes bases de datos y otra muy distinta es que el Estado no pueda cruzarlas para obtener una cifra única y confiable.
Ya existe una herramienta para solucionarlo
El Gobierno tampoco puede alegar que no existe una iniciativa para resolver esta situación. En julio de 2025, el presidente Luis Abinader creó mediante el Decreto 357-25 el Sistema Integrado de Servicios Centrales de la Función Pública (SISC), diseñado para sustituir progresivamente al SASP.
La plataforma busca integrar información relacionada con reclutamiento, nómina, capacitación, evaluación del desempeño y carrera administrativa, además de facilitar la interoperabilidad con otros sistemas gubernamentales e incorporar herramientas de inteligencia artificial.
El diseño del SISC comenzó en 2021, lo que hace todavía más difícil entender que, cinco años después, el país continúe sin una respuesta precisa sobre cuántas personas trabajan para el Estado.
Una respuesta que no debería esperar más
No se trata simplemente de una cifra. Se trata de saber cuánto personal tiene el Estado, dónde trabaja, cuánto representa su nómina y si los recursos públicos están siendo administrados correctamente.
492,032 empleados es un dato registrado, pero no necesariamente es el total. Y esa diferencia puede representar miles de personas que quedan fuera de una fotografía completa de la administración pública.
La tecnología existe. Los mecanismos legales existen. Incluso existe un mandato para avanzar hacia un sistema integrado.
Entonces, la pregunta sigue siendo inevitable: si el Estado tiene los recursos, las herramientas y el mandato para saberlo, ¿por qué todavía no puede decir con certeza cuántos empleados tiene?
La ciudadanía, que financia el funcionamiento del aparato estatal, merece una respuesta clara. No debería ser demasiado pedirle al Estado que sepa exactamente cuántas personas trabajan para él.