Las modificaciones a la Ley 225-20 abren una reflexión sobre la necesidad de equilibrar la sostenibilidad ambiental con una política pública que fortalezca la formalidad y reduzca progresivamente la informalidad en la construcción.
OPINIÓN, AR. JESÚS MAYOBANEX SUAZO PARADIS, Máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible.- Los recientes movimientos sísmicos registrados en Venezuela han despertado una comprensible preocupación en toda la región. Para la República Dominicana, ubicada sobre un territorio con importante actividad tectónica, estos acontecimientos deberían servir para reflexionar sobre la seguridad de nuestras edificaciones, pero también sobre la capacidad de nuestras instituciones para conducir un desarrollo urbano cada vez más seguro, resiliente y sostenible.
En ese contexto, la aprobación con carácter de urgencia de las modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos merece un análisis que trascienda la discusión ambiental. Nadie cuestiona la necesidad de fortalecer la gestión de los residuos ni la responsabilidad colectiva de proteger el medio ambiente. La verdadera reflexión consiste en determinar si los instrumentos regulatorios aprobados están orientando sus mayores esfuerzos hacia donde realmente se encuentra el principal desafío del sector construcción.
Conviene recordar que, después de la pandemia, la construcción desempeñó un papel determinante en la recuperación de la economía dominicana. Su capacidad para dinamizar la inversión, generar empleos y activar una extensa cadena de valor la convirtió en uno de los motores del crecimiento económico del país. Hoy continúa siendo una actividad estratégica para alcanzar las metas nacionales de desarrollo y crecimiento económico.
No obstante, esa recuperación también estuvo acompañada por un incremento significativo en los costos de los materiales de construcción, de la mano de obra, del transporte y del financiamiento, factores que elevaron considerablemente el costo de producir viviendas e infraestructura. En ese escenario, las recientes modificaciones a la Ley 225-20 incorporan una contribución especial calculada sobre los ingresos de las personas jurídicas, lo que abre un debate legítimo sobre la proporcionalidad del instrumento regulatorio y sobre sus efectos en un sector que ya opera dentro de un amplio marco de obligaciones técnicas, administrativas y tributarias, de acuerdo al Banco Central de la República Dominicana.
La construcción formal dominicana desarrolla sus proyectos bajo el cumplimiento del Reglamento R-001 para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras, el R-021 sobre Tramitación de Planos, Licencias y Supervisión de Obras, el R-024 para Estudios Geotécnicos y el R-032 sobre Seguridad y Protección contra Incendios, además de las autorizaciones ambientales, permisos municipales y demás disposiciones legales aplicables. Ese entramado normativo constituye una garantía para la sociedad porque procura que las edificaciones respondan a criterios técnicos de seguridad y calidad.
Precisamente por ello, resulta pertinente preguntarnos si el mayor esfuerzo regulatorio debe continuar concentrándose sobre quienes ya forman parte del sistema formal o si ha llegado el momento de orientar con igual determinación las políticas públicas hacia el verdadero desafío estructural del sector: la informalidad.
Desde la planificación urbana, la informalidad representa mucho más que la ausencia de permisos. Significa menor capacidad institucional para supervisar la calidad de las edificaciones, mayores dificultades para garantizar el cumplimiento de los reglamentos técnicos y un obstáculo permanente para la adecuada gestión del territorio. También limita la trazabilidad de los residuos de construcción y demolición, favoreciendo prácticas de disposición inadecuada que afectan cañadas, riberas de ríos, espacios públicos y suelos urbanos.
Por esa razon mi planteamiento es que la discusión no debería reducirse a quién aporta más recursos al sistema. La verdadera discusión consiste en cómo lograr que una mayor proporción de la actividad constructiva ocurra dentro de la formalidad.
Ello exige una política de gestión integral de la informalidad que combine fiscalización efectiva, simplificación de procesos administrativos, incentivos para la regularización, fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales, control sobre el transporte y disposición de residuos de construcción y demolición, y un régimen de consecuencias que desincentive el incumplimiento.
La sostenibilidad ambiental y la formalidad no son objetivos contrapuestos; son complementarios. La primera difícilmente podrá consolidarse si una parte importante de la actividad constructiva permanece fuera del sistema de regulación y supervisión.
Las políticas públicas alcanzan su mayor madurez cuando dejan de concentrarse exclusivamente en quienes ya cumplen las normas y desarrollan mecanismos eficaces para ampliar la base de quienes las cumplen. Ese es, probablemente, el siguiente gran paso que necesita la República Dominicana en materia de desarrollo urbano.
Porque una ciudad no será más segura por la cantidad de regulaciones que apruebe, sino por la capacidad de sus instituciones para lograr que cada vez más ciudadanos, profesionales y constructores encuentren en la formalidad el camino natural para construir el territorio.