OPINIÓN, ANDRÉS AYBAR BÁEZ, PARA 7 SEGUNDOS.- No me gusta utilizar la expresión “mala suerte”. Los pueblos, como los hombres, forjan su destino con trabajo, visión y carácter. Sin embargo, hay momentos en la historia en los que la acumulación de acontecimientos adversos parece desafiar la lógica y poner a prueba la resistencia de una nación. Entre 2019 y 2026, la República Dominicana ha vivido uno de esos períodos excepcionales, en los que la incertidumbre se ha convertido en compañera constante y la resiliencia en una virtud indispensable.
El año 2019 marcó el preludio de una etapa convulsa. Las tensiones políticas y la suspensión de las elecciones municipales de febrero de 2020 evidenciaron la fragilidad institucional y la necesidad de fortalecer la confianza en el sistema democrático. Aquellos acontecimientos sacudieron la estabilidad política del país y pusieron a prueba la madurez de sus instituciones.
Apenas iniciada la década, el mundo enfrentó la pandemia del COVID-19, un evento sin precedentes en la historia contemporánea. Su impacto fue devastador para la economía global y particularmente para países dependientes del turismo y los servicios. La República Dominicana, cuya estabilidad macroeconómica había sido reconocida internacionalmente, sufrió la caída abrupta de su principal motor económico. Aeropuertos cerrados, hoteles vacíos y miles de empleos suspendidos marcaron el inicio de una crisis que obligó al Estado a intervenir con firmeza.
Las ayudas sociales implementadas para contener el impacto de la pandemia fueron necesarias y oportunas. Sin ellas, el deterioro social habría sido profundo. Sin embargo, estas medidas incrementaron el déficit fiscal y el endeudamiento público, inaugurando un ciclo de presión sobre las finanzas estatales. Este esfuerzo extraordinario permitió sostener la estabilidad, pero también dejó al descubierto debilidades estructurales que requerían reformas impostergables.
Cuando el país comenzaba a recuperarse, el escenario internacional volvió a tornarse adverso. La guerra entre Rusia y Ucrania sacudió los mercados energéticos y alimentarios, encareciendo el petróleo, los fertilizantes y los alimentos. Posteriormente, la inestabilidad en Medio Oriente acentuó las tensiones geopolíticas, impulsando nuevas presiones inflacionarias. En una economía importadora de hidrocarburos como la dominicana, estos acontecimientos repercutieron directamente en el costo de la energía, el transporte y la canasta básica.
A estos desafíos se sumaron problemas estructurales históricos. El persistente déficit del sector eléctrico continúa siendo una pesada carga para las finanzas públicas. La lentitud en el desarrollo de infraestructuras estratégicas limita la competitividad nacional. Los episodios de corrupción, o incluso su mera sospecha, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. La eficiencia del gasto público sigue siendo una tarea pendiente en la construcción de un Estado moderno y transparente.
Como si las crisis económicas y geopolíticas no fueran suficientes, la naturaleza también ha puesto a prueba al país. Inundaciones repentinas, daños en puentes, deterioro de carreteras y fenómenos climáticos cada vez más intensos evidencian la vulnerabilidad de nuestras ciudades. Lo ocurrido recientemente en Gazcue, con granizadas, tornados y la caída de árboles que afectaron redes eléctricas y bienes materiales, constituye una advertencia inequívoca de la necesidad de fortalecer la planificación urbana y la resiliencia climática.
Este conjunto de acontecimientos obliga a reflexionar sobre el rumbo del país. Gobernar en tiempos normales es complejo; hacerlo en medio de crisis simultáneas exige liderazgo, visión y capacidad de consenso. Es justo reconocer que el presidente Luis Abinader ha demostrado dedicación y compromiso en el ejercicio del poder. No obstante, también es cierto que ha gobernado en un contexto excepcionalmente adverso, marcado por desafíos internos y externos de enorme magnitud.
La oposición política, por su parte, enfrenta sus propias dificultades. Sin embargo, el momento histórico exige madurez y sentido de Estado. Las grandes transformaciones nacionales no se logran en solitario; requieren diálogo, acuerdos y responsabilidad compartida para garantizar la estabilidad y el progreso.
En este contexto, la República Dominicana se encuentra en una encrucijada. La experiencia acumulada entre 2019 y 2026 plantea preguntas fundamentales: ¿hemos aprendido de las crisis? ¿Estamos preparados para enfrentar los desafíos del futuro? ¿Podremos transformar la adversidad en una oportunidad para fortalecer nuestras instituciones y nuestro modelo de desarrollo?
A estas inquietudes se suma un factor global emergente: la incertidumbre generada por la inteligencia artificial y por las decisiones geopolíticas de las grandes potencias. Sus avances, promesas y riesgos redefinen el orden mundial y exigen que países como el nuestro actúen con prudencia, innovación y visión estratégica.
La historia enseña que las naciones no se definen por las calamidades que padecen, sino por la forma en que responden a ellas. La República Dominicana ha demostrado, a lo largo de su trayectoria, una admirable capacidad de resiliencia. Desde crisis económicas hasta desastres naturales, el país ha sabido levantarse con determinación y esperanza.
Quizás, entonces, no estemos ante un período de mala suerte, sino frente a una prueba histórica. Un desafío que exige fortalecer nuestras instituciones, consolidar la transparencia, impulsar el desarrollo sostenible y fomentar la unidad nacional.
Porque el verdadero destino de los pueblos no está escrito por la adversidad, sino por su voluntad de superarla.
La pregunta, en consecuencia, no es si hemos tenido mala suerte. La pregunta es si tendremos la sabiduría y el coraje para convertir estos años de incertidumbre en el punto de partida de un futuro más sólido, justo y próspero.
El siglo XXI no empezó de reversa. Empezó exigiéndonos estar a su altura.