Más casos de narcotráfico en RD
OPINIÓN, JAIME BOBADILLA PARA 7 SEGUNDOS.- Hasta el año 2002 la República Dominicana no tenía una respuesta clara para combatir el narcotráfico y su incidencia en los partidos políticos. En ese año nació la ley 72-02, del 26 de abril del 2002, no sin antes pasar por un tortuoso proceso legislativo y donde los dominicanos de principio de milenio vivieron sucesos de sangre con el asesinato del senador Darío Gómez, 11 de diciembre del 2001, el cual presidía la comisión que estudiaba la referida ley.
Con esta ley se buscaba tipificar como delito el lavado de activos provenientes del narcotráfico en RD; así como también, disponer de herramientas para perseguir este nuevo tipo penal y evitar su penetración en la clase política dominicana.
¿Y el financiamiento de los Partidos qué?
La República Dominicana siempre ha utilizado, para los intereses del narcotráfico internacional, como puente en el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Las sospechas de esta actividad datan desde los años 80, con RD como ruta clave para la cocaína que ingresaba a suelo estadounidense.
A mediados de los años 90 surge la necesidad de que el estado dominicano realice aportes a los partidos políticos para que sus militantes no se sientan tentados a recibir dinero del narcotráfico, el cual aportan para tener protección, inmunidad, poder político e influencias en el santo grial del bajo mundo de las drogas, el Poder Legislativo.
En 1997, de cara a las elecciones congresuales y municipales del año 1998, es la primera vez que el estado entrega fondos públicos para financiar las campañas de los partidos políticos. Esperando la sociedad dominicana que con ese sacrificio se pueda detener el narcotráfico en la vida política de la nación.
La situación no hizo más que empeorar.
El BOOM del narco en la política dominicana
La entrada del nuevo milenio y con una ley antilavado, no fue obstáculo para que el narcotráfico penetre lo más profundo de los partidos políticos, llegando hasta las piedras angulares de las cúpulas en las sedes de los partidos.
CASOS CONCRETOS:
2004, Quirino Ernesto Paulino Castillo, 2007 José David Figueroa Agosto, 2016 César Emilio Peralta («El Abusador»), 2020 Rosa Amalia Pilarte (exdiputada PRM), 2023 Miguel Gutiérrez Díaz (diputado PRM), 2024 Enriquillo Luis Brito (alcalde PRM) detenido por red de 9.9 toneladas de cocaína, 2025 Fabio Jorge Puras, Francisco Paulino Castro (exregidor PRM), Edickson Herrera Silvestre, Jacqueline Fernández: diputada; su expareja extraditado en noviembre 2025 a EE.UU. por narcotráfico (vínculo indirecto) y Gaspar Antonio Polanco-Virella.
Eliminar el financiamiento o incluir a los partidos como sujetos obligados de la ley 155-17
¿Debe RD eliminar el financiamiento a los partidos políticos o se deben incluir como sujetos obligados de la ley de lavado de activos? Esta es la conversación que la sociedad dominicana debe tener. El financiamiento de los partidos políticos con fondos públicos no ha evitado que el narco ingrese a las filas de los partidos. Si bien antes, los narcotraficantes realizaban aportes a las campañas de los políticos, ahora forman parte de las campañas obteniendo candidaturas, ganando elecciones y posicionándose en los cargos electivos, regidores, diputados, alcaldes, etc.
Los hechos registrados en los últimos 25 años no han dado al traste con sanciones a los partidos reduciendo así sus asignaciones de los fondos públicos; más bien parece que los partidos aprueban aumentos en el presupuesto nacional para que el monto del financiamiento sea mayor.
Si a esto le agregamos, que los partidos políticos no son sujetos obligados de la ley 155-17 sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, con lo cual no están obligados a realizar la debida diligencia de los fondos que reciben de particulares y de la debida depuración de los candidatos que se presentan a las candidaturas. Genera muchas sospechas que los candidatos más votados resultan vinculados a casos de narcotráfico perseguidos por organismo de inteligencia de EEUU. contra el delito de tráfico de sustancias controladas.
Parte de la opinión pública dominicana piensa que no se debe financiar a los partidos políticos, que corresponde a las autoridades del orden perseguir estos delitos. Otros piensan que se puede financiar, pero que debe haber más controles y sanciones para los partidos.
De modificar la ley 155-17 y la 33-18 para incluir a los partidos como sujetos obligados y ante las faltas comprobadas de influencias del narco en sus filas, se debería reducir el financiamiento al partido en cuestión.