SANTO DOMINGO, R.D.-El 10 de enero del 2023, la República Dominicana inició el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil, (TRAE), un programa del Ministerio de Educación que ofrece transporte gratuito y seguro a estudiantes en Santo Domingo y otras provincias. Dicho programa fue implementado con el objetivo de garantizar el desplazamiento de los alumnos a sus centros educativos, reducir costos para las familias y prevenir accidentes.
El 28 de agosto del 2023, a pocos meses del inicio del programa TRAE, el medio 7SEGUNDOS publicó una noticia en la que se revelaban posibles irregularidades en el proceso de licitación para adquirir los servicios de transporte.
Contrato inicial por más de RD$2,400 millones
En ese momento, el Servicio de Transporte Escolar (TRAE) en el Gran Santo Domingo tendría un costo para el gobierno de RD$2,481 millones de pesos, mediante el proceso de compras MINERD-CCC-PEEX-2023-0009.
A través de dicho proceso, el gobierno solicitaba minibuses y autobuses, destinando un monto total de RD$2,481,600,000 a empresas como Caribe Tours, S.A., Magna Motors, S.A. y el Grupo de Empresas de Transporte Mochotran, SRL, por un tiempo estimado de dos años.
Una segunda licitación millonaria: más cuestionamientos
A dos años y seis meses del inicio del programa, el director de este medio, Euric Santi, reveló en su acostumbrado espacio El Comentario de 7SEGUNDOS que el 11 de septiembre del 2023 se otorgó una segunda licitación MINERD-CCC-PEEX-2023-0010, titulada Segunda Convocatoria por Declaratoria de Desierto, para la “Contratación de los Servicios de Transporte Escolar (TRAE)”, con un monto de RD$662,400,000 adjudicados expresamente a las empresas Consorcio Arias Pérez Transportistas (CAPT) y Consorcio Nacional de Transporte Conatra, S.A.S.
Falta de auditoría y uso incierto de los recursos públicos
«La pregunta que yo me hago otra vez es, ¿Quién audita que la cantidad de autobuses son utilizados, que todos esos autobuses que se señalan en la licitación fueron realmente asignados a las escuelas, el beneficio real de esto?» dijo Santi.
Santi continuó su comentario señalando que: «Se le dieron básicamente tres mil seiscientos millones de pesos a un sindicato y a dos empresas privadas por rentar autobuses por un tiempo finito por dos años», y cuestionó, «¿Qué retorno tiene el Estado por ese gasto? Porque eso yo no lo considero una inversión.»
Afirmó que esa inversión mas que una solución es un gasto, «tú me dirás: es una inversión social para la gente y ¡está genial! pero, es una inversión temporal, una inversión a dos años, es un gasto porque tú no te quedas con nada, lo único que tú te quedas es con que transportaste a los muchachos, pero yo no sé tampoco si tú me transportaste a todos los muchachos porque no tengo la auditoría de cuántos autobuses se entregaron, de cuántas rutas se asignaron y de cuántas personas se transportó.»
En ese orden, Santi aseguró que la cantidad no se tiene contabilizada ni existe control de acceso alguno. «Entre transporte escolar, solo de renta, nosotros estamos hablando de casi seis mil millones de pesos.»
¿Qué se pudo hacer con seis mil millones de pesos?
Sostuvo que con esa cantidad de dinero se pudieron haber resuelto otras prioridades urgentes para el país, como:
- Construcción de nuevas escuelas
- Implementación de vouchers educativos
- Descuentos para los padres que pagan colegios privados
- Reparación de calles y mejoras en infraestructura urbana
Gastos adicionales fuera de foco: combustible y mantenimiento
Santi también señaló que este monto no contempla el gasto en combustible ni el mantenimiento de las unidades, los cuales, según sugirió, posiblemente también estén licitados en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Licitación en 2024: más autobuses, sin informes públicos
Para el año 2024, el 14 de febrero se aperturó otra licitación para la incorporación de 717 nuevos autobuses escolares, con un monto estimado de 300 millones de pesos. Las empresas involucradas en este nuevo proceso incluyen Caribe Tours, Conatra, Consorcio MTL y Comercializadora JMP.
Sin embargo, no se han publicado informes de auditoría, ni existen datos verificables sobre las rutas asignadas, las unidades operativas o los estudiantes beneficiados con estos nuevos contratos.
Gasto temporal sin estructura duradera
Si bien el transporte escolar gratuito es una necesidad real y urgente, el enfoque adoptado hasta el momento parece inclinarse más hacia la renta temporal de servicios que hacia la creación de una infraestructura pública sólida y sostenible con el tiempo, que mas que una carga signifique un alivio para el Estado en cuanto a presupuesto.
Los más de seis mil millones de pesos estimados en contratos de alquiler podrían haber tenido un mayor impacto si se hubiesen destinado a proyectos estructurales dentro del sistema educativo o a la adquisición definitiva de autobuses para el transporte escolar.