OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ ([email protected]).- En medio del aluvión de noticias sobre corrupción, financiamientos cuestionables y expedientes judiciales, me he quedado pensando —en voz alta— cómo es posible que un presidente que llegó con un discurso de cambio haya terminado rodeado de tantos casos incómodos. No lo hago desde la acusación fácil ni desde la ingenuidad, sino desde la necesidad de entender el momento histórico que vivimos.
El partido que hoy gobierna nació enfrentándose a un desafío enorme: derrotar una maquinaria política que, de una forma u otra, había tenido control del Estado desde 1996. Más de veinte años en el poder no se desmontan con discursos ni con buenas intenciones. Se desmontan con fuerza política, estructura territorial y —nos guste o no— con recursos económicos.
Ahí está, probablemente, el punto de quiebre. Pretender ganar unas elecciones nacionales sin apoyo financiero era una quimera. Y es razonable pensar que, en ese contexto, se impuso una lógica peligrosa pero común en la política: “que entren los recursos, no preguntemos demasiado ahora; primero hay que llegar al poder, luego se corrige”. Ese razonamiento no es nuevo, ni exclusivo, ni virtuoso… pero ha sido frecuente en nuestra historia política.
El objetivo se logró en 2020: se produjo la alternancia, se desplazó una estructura desgastada por rumores persistentes de irregularidades y se abrió una nueva etapa. Pero a partir de ahí comenzó la factura. Desde el poder, ya no se puede mirar hacia otro lado. Y lo que antes eran apoyos difusos, rumores o alianzas necesarias, se convirtieron en responsabilidades ineludibles.
En estos cinco años hemos visto al presidente “limpiando la casa” en los casos que no pudieron ocultarse: bancas de apuestas, vínculos con narcotráfico, funcionarios incómodos, aliados indeseables. Incluso el propio liderazgo del partido ha reconocido que vendrán más casos. Y ahora enfrentamos uno de los episodios más delicados: el de una ARS del Estado bajo cuestionamientos serios, con narrativas que incluso vinculan su financiamiento a procesos electorales.
Frente a todo esto, hay un dato que no debe perderse de vista: el presidente ha enviado los expedientes a la justicia. No los ha enterrado, no los ha protegido, no los ha negociado políticamente. Eso no borra errores, pero sí marca una diferencia fundamental.
La impresión que queda —y aquí hay que ser honestos— es que durante la etapa previa al poder se recibió dinero sin el debido filtro, y que la depuración que debió hacerse antes se está haciendo ahora, desde el gobierno. Es tarde, sí. Es costoso, también. Pero es mejor que nunca.
El cambio del 2020 fue, nos guste o no, un mal necesario. La sociedad dominicana estaba saturada, cansada, descreída. Había que alternar el mando. Y el único dispuesto y disponible para asumir ese reto en ese momento fue el actual presidente. No llegó con una estructura perfecta, llegó con lo que había.
Hoy, cinco años después, podemos decir algo importante: esas personas de dudosa reputación fueron, en muchos casos, amigos circunstanciales, pero no cómplices. Y gracias a una actitud frontal —presionada por la realidad, por la justicia y por la comunidad internacional— no tomaron control del Estado.
Todo esto ha tenido un costo enorme: desgaste personal, desmoralización social y una paz interior afectada en un período tan sensible como las Navidades. Pero también ha dejado una enseñanza: gobernar no es solo llegar, es saber corregir.
Por eso prefiero ver el vaso medio lleno. No justificar lo ocurrido, pero entenderlo. No aplaudir errores, pero reconocer rectificaciones. Mejor tarde que nunca. Y hoy, aunque no debió suceder así, el presidente está haciendo lo que corresponde.
Estamos donde estamos porque el cambio fue imperfecto, apresurado y necesario. Lo importante ahora es no retroceder, aprender y seguir depurando. De eso depende la esperanza y el futuro institucional del país.