El proceso judicial por la muerte de la niña haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida en noviembre de 2025 durante una excursión escolar en Santiago, dio un nuevo giro este jueves con la decisión del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago. El tribunal, presidido por el juez Job Hurtado, impuso medidas de coerción económicas contra cinco personas y dos entidades jurídicas vinculadas al caso, descartando sanciones de carácter personal.
Los imputados, entre ellos el presidente de la asociación Leonardo Da Vinci, Eduardo Rafael Estévez Bretón; el director académico Freddy Núñez; y los propietarios y representante de la Hacienda Los Caballos, Julio César Muñoz, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz, deberán pagar una garantía económica de ocho millones de pesos cada uno. La decisión se sustentó en que los acusados demostraron arraigo suficiente y disposición de comparecer ante la justicia, incluso regresando voluntariamente desde el extranjero para participar en las audiencias, lo que fue considerado evidencia de que no existe peligro de fuga.
Durante la audiencia, los abogados querellantes cuestionaron duramente al Ministerio Público, al que acusaron de favorecer los intereses del colegio y de la hacienda en lugar de respaldar a las víctimas. Según denunciaron, el órgano persecutor sostuvo que las víctimas no tenían facultad para solicitar medidas de coerción, atribución que corresponde exclusivamente al Ministerio Público.
Este caso ya había implicado a otras personas, contra quienes se dictaron medidas de coerción previas, consistentes en garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. La nueva decisión mantiene vivo el debate sobre la responsabilidad de las instituciones y la actuación de las autoridades en torno a la tragedia que costó la vida a la menor.